La reconocida marca colombiana Lili Pink atraviesa una de las crisis más graves de su historia tras quedar en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos y contrabando.
El caso salió a la luz a finales de abril de 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación ejecutó un megaoperativo en todo el país que incluyó la intervención de cientos de tiendas y la ocupación de bienes vinculados a la compañía. Según las autoridades, la investigación apunta a una red que habría movido más de 730.000 millones de pesos mediante operaciones ilegales relacionadas con importaciones y empresas fachada.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, el esquema habría consistido en el uso de múltiples sociedades ficticias para simular transacciones comerciales, introducir mercancía de contrabando y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Además, se investigan delitos como enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, lo que ha generado un fuerte impacto en la confianza hacia el sector textil colombiano.
El operativo fue de gran escala: se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre más de 400 locales comerciales, inmuebles y otros activos en decenas de ciudades del país. A pesar de esto, las tiendas continúan funcionando mientras avanza el proceso judicial, ahora bajo supervisión de las autoridades.
La empresa, que cuenta con cientos de puntos de venta en Colombia y presencia internacional, aseguró estar colaborando con las autoridades y pidió garantías para proteger el empleo de miles de trabajadores que dependen de su operación.
Expertos señalan que este caso no solo representa un desafío legal para Lili Pink, sino también un golpe reputacional significativo. El desenlace del proceso será clave para determinar el futuro de la compañía y podría sentar un precedente importante en la lucha contra el contrabando y el lavado de dinero en el país.
