El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó este jueves la captura de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en la compra de un sistema digital de transmisión de datos utilizado en los comicios de 2023.
La Fiscalía alega que los funcionarios habrían cometido un supuesto “fraude financiero” al adquirir el sistema informático con el que se transmitió los resultados preliminares de los comicios del 25 de junio y 20 de agosto del año pasado.
Los magistrados con orden de captura vigente son: Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilar y Mynor Franco.
Las autoridades del tribunal electoral han señalado que la persecución en su contra se trata de un intento por socavar los resultados de los comicios y la voluntad popular.
Desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía, liderada por Consuelo Porras, ha buscado anular la inesperada victoria electoral del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, quien debe tomar posesión este domingo.
Arévalo de León será investido este domingo como gobernante de un país ahogado por la corrupción, con una frágil institucionalidad que pone en jaque la gobernabilidad y con un Parlamento dominado por la política tradicional.
A criterio de Arévalo de León, “rescatar” las instituciones públicas que se encuentran “debilitadas por la corrupción” será uno de los desafíos de su Gobierno (2024-2028), como lo expresó esta semana durante la presentación de su gabinete.
El presidente electo de Guatemala ha repetido que “combatir frontalmente la corrupción” es una tarea “urgente” y que debe ser priorizada antes de poner en marcha proyectos de desarrollo en Guatemala.
En opinión del presidente electo guatemalteco, de 65 años, el primer paso de su administración será revertir decisiones “absurdas” de su antecesor, Alejandro Giammattei.
Durante una entrevista con EFE, Arévalo de León aseguró que derogará algunos decretos de Giammattei, como la aprobación de vehículos y agentes de seguridad para los exfuncionarios de su Gobierno (2020-2024).
En los últimos meses, miles de ciudadanos se han manifestado para exigir la renuncia de Porras Argueta y, de acuerdo con Arévalo de León, cuando asuma el poder le pedirá a la fiscal que se separe de su cargo.
