Un giro decisivo tomó la investigación penal que salpica al actual ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán. La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió de manera formal el expediente en su contra por el denominado caso del «robo de la chatarra», ocurrido durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.
El proceso, que permaneció estancado durante casi dos años en una fiscalía seccional de Santander, tuvo que ser remitido al máximo tribunal de la justicia ordinaria debido al fuero constitucional que cobija a Beltrán tras su llegada al Gabinete Ejecutivo.
Un desfalco de $46.000 millones de pesos
La controversia gira en torno al presunto apoderamiento e irregular retiro de más de 70 toneladas de elementos del sistema de alumbrado público de Bucaramanga. Entre el material sustraído de las bodegas oficiales se encontraban luminarias, transformadores, reflectores y postes metálicos avaluados comercialmente.
De acuerdo con las indagaciones iniciales y las auditorías de control fiscal, las piezas debían ser sometidas a un proceso público de chatarrización para ingresar fondos a las arcas del municipio. Sin embargo, la mercancía habría sido desviada de manera ilícita para beneficiar económicamente al cuñado del entonces mandatario local, Óscar Ramírez.
La dimensión del escándalo ha sido refrendada por los organismos de control:
- Detrimento patrimonial: La Contraloría Municipal de Bucaramanga formalizó un proceso de responsabilidad fiscal tras cuantificar las pérdidas al erario en más de $46.000 millones de pesos.
- Testimonios clave: El expediente incluye declaraciones que señalan que la orden para retirar los materiales de las bodegas públicas habría salido directamente de asesores del despacho de la Alcaldía con el fin de direccionar los recursos hacia terceros vinculados con el entorno familiar del hoy ministro.
El traslado de las pesquisas a la Fiscalía Cuarta ante la Corte Suprema reactiva un expediente que amenaza con desatar una tormenta política dentro del Gobierno. La justicia deberá determinar la responsabilidad penal del alto funcionario en delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Hasta el momento, la defensa del titular de la cartera de Vivienda ha sostenido que las actuaciones se mantuvieron dentro del margen legal y que corresponde a las autoridades judiciales esclarecer el destino final de los materiales. Con la reactivación del caso, el país queda a la expectativa de las primeras citaciones a indagatoria.
