La paz que se prometió no terminó en desarme, terminó en grupos armados ilegales más grandes, más ricos y con mayor capacidad de destrucción en los 32 departamentos de Colombia.
Hasta Julio de 2026, según cifras de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz, las estructuras ilegales sumaban 28.802 integrantes: 90 % más que los 15.120 registrados en diciembre de 2022. Detrás de esa cifra no hubo paz. Hubo una estrategia criminal en la que se canjeó impunidad por votos. Ese fue el resumen del pacto de La Picota.
El crecimiento fue brutal, pues Según análisis de expertos en el tema como Luis Felipe Henao, el ‘clan del Golfo’ llegó a 10.268 integrantes, 152 % más; el ‘Estado Mayor Central’, a 4.480, un aumento del 109 %; la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, a 2.359, 108 % más; y el Eln, a 7.123, con un crecimiento del 22 %. La propia FIP advierte que las causas son múltiples, pero señala que los ceses del fuego y la actitud complaciente del Gobierno en algunas mesas favorecieron la expansión de estas estructuras.
Según análisis del experto, en el gobierno Petro se generaron incentivos para armar más gente, incluso niños, una política donde la máxima era proteger al delincuente. La FIP no registró la salida colectiva y verificable de ninguna estructura. Mientras tanto se suspendieron órdenes de captura 81 en disidencias, 29 en el ‘clan del Golfo’ y se sostuvieron ceses de 459 días con el ‘estado mayor central’ y de 762 con el frente de ‘Calarcá’.
A la vez especifica que entre 2003 y 2006 salieron de las armas 31.671 paramilitares de las Auc; en 2016, unos 13.000 de las Farc. Bajo Duque la nómina ilegal cerró en 15.120. Bajo Petro llegó a 28.802.
De igual manera subraya que ahí estuvo el error de fondo: confundir diálogo con ausencia de consecuencias. La paz no puede convertirse en un sistema de incentivos perversos en el que fortalecerse militarmente mejora la posición frente al Estado. Tampoco puede borrar la frontera entre insurgencia y criminalidad organizada.
Ante esa situación indica que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella propone invertir esa lógica. El proyecto de ley de sometimiento que prepara el ministro de Justicia, Iván Cancino, parte de una premisa elemental: no habrá mesas de negociación ni reconocimiento de estatus político para organizaciones criminales. Habrá condiciones fijadas por el Estado para quien decida someterse.
Lo anunciado hasta ahora marca una diferencia sustancial. No se suspenderían órdenes de captura ni trámites de extradición; se exigirían la entrega de armas y de bienes ilícitos; las rebajas de pena dependerían de la posición dentro de la estructura y del cumplimiento de condiciones; y no habría privilegios penitenciarios producto de la capacidad de presión armada. Sometimiento significa comparecer ante la justicia, no sentarse a redefinirla.
Pero una ley, por severa que sea, no derrota por sí sola a estas estructuras. Necesita Fuerza Pública, inteligencia, justicia, control territorial y capacidad real para perseguir las economías que financian el crimen. Porque el sometimiento solo funciona cuando la alternativa es creíble: acogerse a la ley o enfrentar al Estado.
La paz no puede convertirse en un sistema de incentivos perversos en el que fortalecerse militarmente mejora la posición frente al Estado. Tampoco puede borrar la frontera entre insurgencia y criminalidad organizada
Después de cuatro años, Colombia recibió una lección costosa. Negociar sin reglas claras, sin desarme verificable y sin consecuencias puede terminar premiando al que más se fortalece. La paz exige generosidad cuando corresponde, pero también autoridad. Un Estado que negocia indefinidamente la aplicación de la ley termina negociando su propia autoridad.
La nueva política tendrá que demostrar resultados. Ninguna ley merece un cheque en blanco. Pero el principio que ahora se plantea es inequívoco: la ley no se negocia con quien pretende imponer la suya a punta de fusil. Se cumple. Y quien la desafía responde ante ella.
