Más de 680 jueces y magistrados firmaron la primera Declaración de Principios de Ética Judicial en Colombia, un hito que busca reforzar la legitimidad del sistema judicial y promover una justicia imparcial, independiente y transparente. El acto oficial tuvo lugar en Bogotá, en el Hotel Tequendama, y fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, con el respaldo del Consejo Superior de la Judicatura y el acompañamiento técnico de la American Bar Association (ABA).
Un documento construido desde las bases del sistema judicial
La Declaración fue producto de un proceso participativo en el que 69 jueces y magistrados redactaron el texto final, basado en los resultados de encuestas enviadas a más de 600 funcionarios judiciales de todo el país. Este enfoque colectivo garantiza que los principios consagrados en el documento reflejen las necesidades reales del sistema y de quienes lo integran.
El texto establece pilares como la integridad, la imparcialidad, la independencia y la idoneidad, considerados esenciales para garantizar una justicia confiable y accesible para todos los ciudadanos.
Respaldos institucionales y visión de futuro
Durante el evento, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, resaltó que esta declaración no solo impactará el presente, sino que servirá de guía para las futuras generaciones de jueces en Colombia. Asimismo, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Enrique Vallejo, participó en las mesas de trabajo previas, reforzando el carácter multisectorial de esta apuesta ética.
“Este es un paso vital para la legitimidad del sistema democrático colombiano”, aseguró el magistrado Tejeiro, al destacar que esta herramienta debe inspirar la labor diaria de los jueces.
Compromiso con la implementación en todo el país
Tras la firma del documento, los jueces y magistrados iniciarán jornadas pedagógicas en distintas regiones de Colombia, con el objetivo de socializar la Declaración y promover su aplicación en las decisiones judiciales cotidianas. Se trata de una estrategia para garantizar que los principios éticos no se queden en el papel, sino que orienten de forma concreta la conducta de los funcionarios judiciales.
