El presupuesto, la ley de financiamiento y las implicaciones financieras de las reformas sociales del Gobierno acaparan la agenda en el Congreso
Los primeros dos meses del periodo legislativo en Colombia, que inició el 20 de julio, han estado más marcados por las discusiones económicas que por las políticas o sociales. Las principales apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro son su presupuesto para 2025, la ley de financiamiento para solventar el déficit que este prevé y el plan de reactivación económica, que comenzó con un gran acuerdo con los bancos para dar créditos baratos por más de 50 billones de pesos en cinco sectores estratégicos en el desarrollo del país. Además, los debates legislativos sobre sus dos grandes reformas sociales que cursan en el Congreso, la laboral y la de salud, se han centrado en sus eventuales costos y consecuencias económicas.
La discusión para definir el monto del presupuesto para el próximo año, un debate que suele ser un simple trámite en el Congreso, comenzó mal hace pocas semanas en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. Allí, el Gobierno sufrió un gran revés legislativo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso gastar 523 billones de pesos, 3,9% más que en 2024, aclarando que tendrá ingresos por 511 billones de pesos. La diferencia de 12 billones de pesos prendió alarmas. El presupuesto en general, y su monto en concreto como primer punto a tramitar, debe ser aprobado por las dos comisiones terceras y las dos comisiones cuartas que tiene el Congreso. Si una de ellas lo niega, se hunde. La semana anterior, la comisión tercera del Senado votó en contra de la propuesta de Bonilla; tras un debate por una duda técnica, se votó de nuevo y la comisión cuarta tomó la misma decisión por un avasallador resultado de 12 votos a 1. El resultado refrendó que el Ejecutivo tiene un relativo control de la Cámara de Representantes, pero no ha logrado recuperar las mayorías en el Senado.
La negación del monto del presupuesto ha generado incertidumbre en el Gobierno y en el Congreso porque no tiene precedentes, no hay una norma específica sobre su efecto y no están muy claros los pasos a seguir. Por ahora, el Congreso sigue debatiendo el presupuesto, sin monto global definido. El ministro Bonilla aseguró este viernes en una entrevista en La República que el Congreso “tiene hasta el 24 de septiembre para tomar una decisión en primera instancia y lo que están haciendo las comisiones económicas es evaluar el gasto”. Sin embargo, la negativa fundada en los 12 billones que aún no están financiados, tensiona más la situación.
La Constitución establece que un Gobierno puede presentar un proyecto de presupuesto sin suficientes recursos, y ya ha ocurrido en otras Administraciones, pero exige que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para financiar ese vacío. Esa ley de financiamiento, que ya radicó el Ministerio la semana pasada, es en la práctica una nueva reforma tributaria. El articulado, defendido por el presidente, busca incrementar la tasa de renta del 39% al 41% para las personas naturales con ingresos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos y cobrarle IVA a las apuestas en línea. Además, pretende eliminar el régimen simple y acelerar la transición energética. “Esta reforma es para los superricos, quienes ganan más de 120 millones mensuales”, dijo en su momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A la vez que apunta a recaudar más para llenar el hueco, el Gobierno ha argumentado que busca reactivar la economía. Para ello, plantea una reducción gradual de la tarifa de renta a las empresas, del 33% actual al 30% o incluso el 27% para las microempresas. Por eso, el texto de la ley aclara que “no solo busca reducir la desigualdad, sino también estimular un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, ha dicho que el presupuesto y la ley de financiamiento son dos procesos simultáneos con un objetivo común, aunque tramitados de manera independiente en el Congreso. Sin embargo, muchos sectores políticos independientes y de oposición afirman que si se aprueba el presupuesto, pero se niega la ley de financiamiento, el Gobierno tendrá que hacer un recorte en el gasto durante de 2025, tal y como ocurrió este año, lo que provoca traumatismos en el Estado. En cualquier caso, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, el Gobierno deberá emitir su proyecto vía decreto, por lo que el pulso de fondo tiene que ver con la reforma tributaria, que podría salir incluso a finales de diciembre.
