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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Sandra Milena Rodríguez Pretel, actual jefe de la unidad jurídica de la Gobernación del Caquetá. La sanción se dio en respuesta a su participación activa en la campaña política de Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, hoy representante a la Cámara por el Partido Conservador, durante su ejercicio como secretaria de gobierno en el mandato del gobernador Arnulfo Gasca.
La participación política
Rodríguez Pretel, quien desempeñó su labor como secretaria de Gobierno, fue acusada de utilizar su cargo público para apoyar de manera abierta y directa la campaña electoral de Cuéllar Pinzón. La Procuraduría argumentó que esta acción constituye una infracción grave de acuerdo con los numerales 39 y 40 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifica como faltas gravísimas la participación de funcionarios públicos en actividades políticas o en la presión sobre subalternos y particulares para apoyar candidaturas.
El Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia establece que los empleados públicos no pueden involucrarse en actividades políticas, salvo ciertas excepciones y condiciones específicas que la ley ha determinado. En este caso, la participación de Rodríguez Pretel en la campaña de Cuéllar Pinzón contravino estas normas, lo que motivó la sanción.
Contexto
Según la Procuraduría, la situación en la Gobernación del Caquetá durante el período electoral fue especialmente compleja, ya que varios miembros del gabinete departamental, incluidos secretarios de despacho, jefes de departamentos y divisiones, estuvieron involucrados en la campaña de Cuéllar Pinzón. Muchos actuaron como jefes de debate o coordinadores de campaña, lo que generó una presión sobre el aparato administrativo en favor de un movimiento político específico. Esta situación fue un factor clave en la decisión de la Procuraduría, que consideró que la conducta de Rodríguez Pretel no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón generalizado en la administración.
Proceso judicial
La funcionaria sancionada tiene derecho a impugnar la decisión. La Procuraduría explicó que el fallo será revisado por una sala conformada por tres procuradores, quienes evaluarán si la destitución y la inhabilitación deben ser confirmadas, modificadas o revocadas. Rodríguez Pretel fue notificada de la sanción hace dos días y, actualmente, se encuentra trabajando en su proceso de apelación. Mientras tanto, podrá seguir desempeñando su cargo como directora de la unidad jurídica de la Gobernación del Caquetá, hasta que se tome una decisión definitiva sobre el recurso.
