La red hospitalaria del Valle del Cauca atraviesa una crisis que desnuda tanto la negligencia del Gobierno Nacional como la falta de gestión departamental. Las deudas de las EPS intervenidas, que ya superan los seis billones de pesos, han retrasado el pago de nómina y cesantías al personal médico y de enfermería, obligándolos a esperar entre 30 y 60 días para recibir su salario. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, advirtió que los giros recibidos son insuficientes y que ni siquiera hay recursos para cubrir las cesantías, un derecho básico de los trabajadores.
La situación ha provocado la suspensión de servicios privados y la sobreocupación en hospitales públicos, afectando a más de 5.000 usuarios de Emssanar tras el cierre de atención por parte de la IPS Gesencro. Este panorama evidencia un sistema colapsado, donde los trabajadores de la salud cargan con la peor parte y los pacientes enfrentan la incertidumbre de no recibir atención oportuna.
Leonardo Ángel López, desde la Subdirección Técnica para Gestión de la Salud en el Valle, reconoció que la falta de pagos compromete la estabilidad laboral y la atención de miles de pacientes. La crítica viene por partida doble: al Gobierno Nacional, por su incapacidad de resolver las deudas y garantizar recursos, y al Gobierno Departamental, por no ejercer presión suficiente ni ofrecer soluciones inmediatas. La exigencia es clara: voluntad política real y gestión efectiva para evitar que la salud pública del Valle siga desmoronándose.
