Bogotá En medio de un encendido debate en la plenaria del Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó oficialmente este martes la propuesta de consulta popular sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante su intervención, Benedetti lanzó una contundente frase que generó reacciones en todo el espectro político: “La democracia no es barata, las dictaduras sí lo son”, en alusión al costo de realizar el mecanismo de participación ciudadana.
El jefe de la cartera política defendió con vehemencia la necesidad de acudir al pueblo colombiano para decidir sobre una serie de reformas que, según el gobierno, buscan saldar una deuda histórica con los trabajadores del país. “Estamos hablando de derechos laborales que han sido sistemáticamente negados. Solo en los últimos años, los trabajadores han dejado de percibir cerca de $200 billones en beneficios laborales que les corresponden”, afirmó Benedetti.
La consulta popular, según explicó, incluiría preguntas clave relacionadas con estabilidad laboral, tercerización, jornada laboral digna, negociación colectiva y acceso a la seguridad social, entre otros temas. El ministro aseguró que esta iniciativa responde al “bloqueo sistemático” que han enfrentado las reformas sociales del gobierno en el Congreso.
Benedetti también subrayó que los costos de la consulta —estimados por algunos analistas en varios cientos de miles de millones de pesos— no deben verse como un gasto, sino como una inversión en democracia participativa. “Nada sale más caro que una democracia débil, donde la voz del pueblo es ignorada y los intereses de unos pocos se imponen sobre el bienestar colectivo”, agregó.
Desde la oposición, senadores cuestionaron tanto el contenido como el momento político del anuncio, calificándolo de populista y de buscar evadir los canales institucionales del debate legislativo. Sin embargo, sectores afines al gobierno aplaudieron la propuesta como una forma legítima de romper el estancamiento y avanzar en transformaciones estructurales.
La consulta popular deberá ahora surtir su trámite en el Congreso, donde se requiere mayoría para su aprobación, y posteriormente en la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad. Si supera estas etapas, podría ser votada por los colombianos en 2026, coincidiendo con las elecciones presidenciales.
Con este anuncio, el gobierno del presidente Petro redobla su apuesta por llevar sus reformas sociales al terreno ciudadano, en un momento en el que sus iniciativas enfrentan fuertes resistencias tanto en el legislativo como en algunos sectores empresariales y gremiales.
