La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a priorizar la situación de las familias en Chocó

Desde el 20 de enero cientos de personas dejaron todo por la ola de violencia.
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El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, viajó a Buenaventura con el fin de verificar de primera mano la situación humanitaria del desplazamiento forzado, así como también el reclutamiento de menores de edad entre otros delitos, que se presentan en la cuenca del Río Calima por la presencia de grupos armados ilegales.

Según a lo manifestado por las autoridades indígenas, los líderes sociales y las comunidades étnicas afrodescendientes que habitan en esta región del Pacífico,  la difícil situación humanitaria que viven es debido al accionar de grupos armados ilegales, vinculados principalmente a las actividades de narcotráfico.

“La incertidumbre y el temor siguen siendo una constante. Las familias manifiestan estar angustiadas por los grupos armados en sus territorios, y aunque quieren retornar, no cuentan con las garantías de seguridad ni la presencia institucional en el territorio”, señaló el Defensor del Pueblo.

Son unas 80 familias desplazadas, que cumplen dos meses de permanencia en Buenaventura, mientras que en la zona rural se registran al menos 868 familias que se encuentran confinadas.

Camargo hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la atención a las familias desplazadas “En los albergues que visitamos encontramos dificultades en materia de alimentación por lo numeroso de algunas familias”, el defensor concluyó diciendo que no hay servicio de salud diferenciado y que se debe dar prioridad a las mujeres embarazadas.

Cabe recordar que desde el 20 de enero, se presentaron dos desplazamientos masivos desde el Bajo Calima hacía Cali, donde cientos de familias dejaron todo por la ola de violencia.

En Buenaventura la pelea urbana entre las bandas criminales identificadas como Los Shottas y Los Espartanos, que hacen parte de la estructura criminal conocida como La Local.

Además el ELN en el corregimiento de Bajo Calima, mantiene una confrontación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las Farc. Esto hace previsible un incremento en la vulneración de los derechos humanos contra la población de Buenaventura, advirtió la Defensoría.


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