La marcha en solidaridad con Palestina en Medellín, que debía ser una jornada pacífica, terminó en escándalo nacional tras las agresiones de los gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía contra manifestantes. Los hechos dejaron heridos y múltiples denuncias de abuso de poder, al punto de que la Defensoría del Pueblo advirtió que podrían calificarse como violaciones de derechos humanos.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al señalar que los gestores no están autorizados para usar la fuerza ni para disolver protestas, ya que esas funciones corresponden exclusivamente a cuerpos especializados como la Policía o el UNDEMO, siempre bajo criterios de proporcionalidad, necesidad y respeto a los derechos fundamentales. Para Marín, la protesta pacífica es un derecho constitucional que debe garantizarse en condiciones de libertad, seguridad y respeto.
El pronunciamiento también incluyó un llamado de atención al concejal Andrés “El Gury” Rodríguez, captado portando un bate e increpando a manifestantes durante la jornada. Según la Defensoría, este tipo de conductas constituyen incitación a la violencia e incumplen el deber de los servidores públicos de proteger los derechos y promover la paz.
La entidad recalcó que los representantes del Estado deben ser garantes de derechos y no instigadores del miedo, y rechazó que la Alcaldía intente justificar las agresiones bajo el argumento de “proteger la propiedad privada”. En ese sentido, la Defensoría exigió investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios y contratistas que hayan excedido sus competencias.
El mensaje de Marín fue categórico: “La protesta no se combate con garrotes ni con bates. Se protege con diálogo, con garantías y con respeto”. La funcionaria advirtió que permitir que contratistas sin formación ni autoridad legal ejerzan violencia contra manifestantes constituye una línea roja en materia de derechos humanos.
En conclusión, lo ocurrido en Medellín con la marcha por Palestina no solo abrió un debate sobre el manejo de la protesta social, sino que dejó en evidencia la contradicción de una administración que habla de convivencia mientras sus propios funcionarios son señalados de agredir a ciudadanos. La Defensoría recordó que la paz no puede imponerse con violencia y ningún uniforme municipal está por encima de la Constitución.
