La Universidad de Antioquia atraviesa un panorama crítico marcado por dos problemas principales: un déficit financiero cercano a los 160.000 millones de pesos y tensiones políticas que ponen en entredicho la continuidad del rector John Jairo Arboleda.
En el frente económico, la institución enfrenta, como en años anteriores, un desbalance entre ingresos y gastos. Pese a que las transferencias del Gobierno Nacional han aumentado, el crecimiento de la cobertura, la investigación y los costos de operación superan los recursos disponibles. Para este año, el Consejo Superior aprobó un crédito de 54.000 millones, aunque todavía falta cubrir más de 100.000 millones. Además, la universidad está obligada a reducir en un 11 % sus gastos de funcionamiento de cara al próximo año.
Una salida estructural podría llegar con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que modificaría el sistema de transferencias. En lugar de ajustarse al IPC, pasarían a calcularse con el índice de costos de la educación superior (ICES), lo que permitiría que los giros crezcan al mismo ritmo que los gastos universitarios. La iniciativa ya superó dos debates en el Senado y falta su discusión en la Cámara de Representantes.
Aun con las medidas adoptadas, el déficit de 2025 sigue sin una solución clara. La universidad asegura que ha recortado gastos sin sacrificar la calidad académica, aunque el hueco financiero persiste.
En paralelo a la crisis presupuestal, la gestión de Arboleda ha sido objeto de cuestionamientos desde el Gobierno. En junio, el Consejo Superior Universitario calificó su informe de gestión con una nota muy baja, lo que desató solicitudes de renuncia. Aunque presentó un plan de mejora, la presión política se ha intensificado.
El Ministerio de Educación también movió fichas dentro de la institución. En agosto reemplazó a su delegado en el Consejo Superior por Daniel Torres Niño, un funcionario cuestionado en su paso por el Icetex. Semanas después, el Gobierno designó a una inspectora permanente dentro de la universidad, encargada de vigilar las decisiones administrativas y financieras. Esta intervención ha sido rechazada por la rectoría, que la considera una violación al debido proceso y una amenaza a la autonomía universitaria.
El ambiente interno es cada vez más tenso. Aunque la relación con la inspectora se ha manejado con formalidad, su presencia genera incomodidad entre los directivos. En medio de esta coyuntura, queda la incertidumbre sobre el futuro de Arboleda y el rumbo de la Universidad de Antioquia, que trata de sortear la crisis financiera mientras enfrenta un pulso político con el Gobierno Nacional.
