Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero actúa como si ese patrimonio fuera infinito. La deforestación, la minería ilegal y la degradación de ecosistemas avanzan más rápido que las políticas de protección. El discurso ambiental abunda; las acciones, no tanto.
Hablar de desarrollo económico sin incluir seriamente el factor ambiental es una visión miope. No hay crecimiento sostenible sobre tierras arrasadas ni ríos contaminados. Sin embargo, muchas decisiones siguen priorizando beneficios inmediatos sobre consecuencias a largo plazo.
La minería ilegal, en particular, es una herida abierta. Destruye ecosistemas, financia economías criminales y deja comunidades enteras expuestas a la violencia. Combatirla requiere más que operativos aislados: exige presencia estatal integral y alternativas económicas reales para quienes hoy dependen de esa actividad.
Al mismo tiempo, la transición energética es necesaria, pero no puede hacerse de espaldas a las regiones. Imponer cambios sin diálogo genera resistencia y profundiza desigualdades. Proteger el ambiente también implica proteger a las personas que viven de esos territorios.
El cambio climático no es una amenaza futura; ya está aquí. Inundaciones, sequías y deslizamientos afectan cada vez más a los más vulnerables. Ignorar esto es condenar a las próximas generaciones a pagar una factura que no ayudaron a crear.
Cuidar el medio ambiente no es un capricho ideológico, es una cuestión de supervivencia. Colombia aún está a tiempo de elegir un camino distinto, pero el tiempo no es infinito. El verdadero progreso no se mide solo en cifras económicas, sino en la capacidad de dejar un país habitable para quienes vienen detrás.
