La Corte Constitucional amparó los derechos a la identidad cultural, a la autonomía y autodeterminación, al territorio ancestral y colectivo, al debido proceso administrativo y a la subsistencia étnica de la comunidad indígena Yajotja del pueblo Waüipijiwi, ubicada en el departamento del Vichada.
El pueblo se desplazó a finales de 2017 del Resguardo de Caño Mochuelo hacía La Primavera, Vichada, con el objetivo de ser constituida como una nueva comunidad. Estos fueron obligados a desplazarse por motivos de amenazas por parte de grupos criminales, el reclutamiento forzado de menores de edad, distintos casos de violencia sexual contra mujeres, ausencia y dificultades de servicios de salud y problemas de gobernanza.
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La Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguraron que el registro de la comunidad ante el Ministerio del Interior, la constitución de un resguardo para la comunidad y su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) no procedía, pues estos ya contaban con el reconocimiento de derechos en el Resguardo de Caño Mochuelo como miembros de la comunidad de El Merey.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, concluyó que la comunidad Yajotja cumplía con los criterios para su reconocimiento como grupo independiente, tales como: compartir rasgos comunes, tener un deseo colectivo de habitar un territorio ancestral, migraron para proteger su subsistencia, no habitaban el Resguardo de Caño Mochuelo en donde estuvieron asentados hace más de cinco años, de manera reiterada habían indicado que no deseaban retornar al Resguardo y querían establecerse en un espacio diferente para fortalecer su identidad cultural. “La decisión de la comunidad Yajotja de desplazarse y asentarse en un nuevo territorio no obedece a un capricho, sino a un genuino interés por asentarse en un lugar sagrado para la comunidad y preservar su cultura y su identidad cultural, y lo hacen en ejercicio de su derecho a la autodeterminación y autonomía”, explicó la Corte.
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