El presidente Gustavo Petro intentó vincular la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adelanta con el fallo que lo favoreció hace cuatro años contra la Procuraduría General de la Nación, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desestimó su solicitud, al considerarla improcedente.
En su exposición de motivos, la defensa de Petro argumentó que la investigación del CNE ponía en peligro las garantías y derechos que el tribunal había ordenado proteger al Estado colombiano en el fallo anterior. Sin embargo, tras analizar los hechos, la Corte concluyó que “la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el fallo previo”. Por lo tanto, la Corte resolvió que la petición del presidente no era procedente.
Además, los magistrados internacionales aclararon que, según la información presentada, el CNE no tiene la facultad para inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente, como es el caso de Petro. Esta posición coincide con la postura expresada por el propio CNE en un comunicado emitido en septiembre, en el que se aclaró que, en caso de ser hallado culpable de violar los límites en campaña, el Congreso debería adelantar un juicio político para evaluar una posible destitución, sin que ello afectara su fuero presidencial.
A pesar de la aclaración de la Corte IDH y el CNE, tanto Petro como sus seguidores han insistido en que la investigación del CNE tendría como objetivo un golpe de Estado. No obstante, esta teoría ha sido rechazada por la Corte Interamericana, que ha descartado cualquier vinculación de la investigación con un intento de socavar el mandato presidencial.
Este pronunciamiento reafirma la independencia del CNE en sus investigaciones y subraya la distinción entre los procedimientos administrativos y los mecanismos constitucionales que rigen la destitución o sanción de un presidente en ejercicio.
