El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sumido a Colombia en una profunda crisis de confianza y justicia. Mientras los carrotanques, destinados a llevar agua a las comunidades más necesitadas de La Guajira, se pudren en bases militares, los implicados en este grotesco saqueo de recursos públicos continúan libres de cualquier consecuencia.
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Comunidades Wayuu
Desde el contratista pastuso Luis Eduardo López Rosero, quien ha ocultado su vasto imperio empresarial y sus conexiones políticas mientras mintió descaradamente a las autoridades, hasta los funcionarios de alto rango y congresistas presuntamente involucrados, cada día que pasa sin arrestos ni enjuiciamientos es una afrenta a la justicia y una bofetada a las comunidades wayuu y a todos los colombianos que claman por transparencia.
Las voces de los indígenas Wayuu resonaron alto y claro: promesas vacías y recursos dilapidados no resuelven la sed ni la desesperación en La Guajira. Las madres indígenas sufren por la falta de agua que hace que los niños enfermen y mueran. Los líderes locales señalan directamente al presidente Gustavo Petro y otros altos funcionarios por permitir este festín de corrupción a expensas de los más vulnerables. Los culpables deben ser llevados ante la justicia, sin importar su posición política o su influencia. La sociedad colombiana está cansada de ser testigo de este vergonzoso espectáculo de impunidad mientras las necesidades básicas de sus ciudadanos se ignoran flagrantemente.
La recuperación de la confianza pública requiere acciones contundentes: reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas. Solo así podremos asegurar que los recursos públicos sean utilizados adecuadamente para el beneficio de todos, no para el enriquecimiento personal de unos pocos. El país está al borde de la indignación. Es hora de que las autoridades demuestren con acciones concretas que están del lado de la justicia y del pueblo colombiano. No podemos permitir que la corrupción siga siendo un cáncer que devora nuestras esperanzas de un futuro mejor. La verdad debe salir a la luz. La justicia debe prevalecer. Colombia merece un gobierno que ponga fin a esta vergonzosa era de impunidad y restaure la dignidad de nuestras instituciones públicas.
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