En medio de una Colombia que se debate entre la inseguridad creciente, el desempleo alarmante y una crisis social que parece no tener fin, el presidente Gustavo Petro y su gabinete han decidido lanzar una propuesta que, en las actuales circunstancias, raya en lo irresponsable: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa, promovida a través del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se presenta como un llamado a un gran acuerdo nacional. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar la sensatez y el momento elegido para tal empresa.
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La población clama por soluciones inmediatas a problemas urgentes como la falta de empleo, la inseguridad y la pobreza, no por debates constituyentes que desvíen la atención y los recursos de donde más se necesitan. Los políticos, expresidentes, líderes, senadores y representantes del pueblo han sido claros en su rechazo a esta propuesta. Vélez, uno de los críticos más acérrimos, ha señalado que el país necesita trabajar, producir y generar empleo de calidad. En su opinión, insistir en una constituyente no solo es una distracción, sino una fuente de incertidumbre constitucional que Colombia no puede permitirse en estos momentos.
Polémica
El presidente Petro, junto con su gabinete y todos sus aliados, parece ignorar la realidad palpable de una nación que no está en condiciones de embarcarse en una aventura constituyente. Sus discursos polarizantes y sus constantes confrontaciones no han hecho más que profundizar las divisiones y sembrar más discordia. En lugar de unir, sus palabras y acciones han contribuido a un clima de tensión y enfrentamiento que hace imposible cualquier intento de acuerdo nacional genuino.
En este contexto no solo es imprudente, sino potencialmente desastrosa. Vez de enfocarse en resolver los problemas que realmente agobian a los colombianos, el gobierno parece decidido a embarcarse en un proyecto que solo generará más divisiones y conflictos. La seguridad y el orden deben ser las prioridades inmediatas. Es imperativo fortalecer las instituciones existentes, garantizar la paz y el bienestar de los ciudadanos, y trabajar en soluciones prácticas que respondan a las necesidades urgentes del país.
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