La reciente cumbre amazónica celebrada en Bogotá reunió a jefes de Estado, delegaciones indígenas y representantes de organizaciones internacionales con un objetivo claro: dar un paso más allá de los compromisos simbólicos y construir una agenda concreta para la protección de la Amazonía. Si bien el discurso central fue ambiental, el evento también expuso tensiones entre desarrollo económico, soberanía y conservación. Países como Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador coincidieron en la necesidad de frenar la deforestación y el crimen ambiental, pero también pusieron sobre la mesa la urgencia de impulsar modelos productivos sostenibles que beneficien a las comunidades locales.
Más allá del tono ambientalista, la cumbre dejó ver que la defensa de la Amazonía ya no es solo una causa ecológica, sino una prioridad geopolítica y de seguridad regional. El llamado de los pueblos indígenas a tener un rol activo en la toma de decisiones fue uno de los puntos más destacados del encuentro, reclamando no solo presencia sino poder real en la gestión del territorio. Con la firma de la Declaración de Bogotá y la creación de mecanismos regionales de cooperación, los gobiernos se comprometieron a pasar del discurso a la acción, aunque queda por verse si las promesas se traducirán en políticas efectivas a largo plazo.
