Jennifer Hernández, la abogada de Hilary Castro, la joven violentada en un bus del sistema TransMilenio, en la estación La Castellana, rechazó que el señalado victimario muriera bajo custodia judicial. Dijo que su extraña muerte, investigada, impide que se puedan prevenir crímenes en contra de las mujeres.
Criticó que el agresor muriera estando bajo protección de la Fiscalía General de la Nación. “En una sociedad distinta, el imputado no solo debió ser llevado a juicio, sino ser hallado culpable y condenado ejemplarmente (sic)”, expresó la abogada a través de una misiva que publicó en su cuenta de Twitter.
Hay que recordar que, aunque inicialmente se indicó que el hombre se había suicidado, posteriormente el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía reveló un informe que el cadáver del presunto victimario evidenciaba politraumatismos, pero estos se podrían deber a las actividades de reanimación.
La abogada criticó el hecho debido a que el procesado fue capturado y debía estar protegido por las autoridades judiciales.
“El linchamiento público o la muerte no pueden sustituir nunca la justicia, resultado de un proceso garantista y que las personas imputadas puedan ser vencidas en juicio, con pruebas y garantías jurídicas (sic)”, crítico.
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Explicó la abogada que el extraño suceso impidió que se hiciera un análisis de las circunstancias en las que ocurrió el abuso de su defendida, para prevenir casos similares.
“Los terribles y reprochables actos que sufrió mi defendida, investigados y sancionados en sistema judicial idóneo y garante de los derechos, hubiese posibilitado más, y mejores políticas públicas para la atención temprana de la mediante investigación psicológica y psiquiátrica de los perpetradores, y la seguridad efectiva para las potenciales víctimas (sic)”, reprobó.
Añadió que el deber del Estado es “proteger a las personas y sus derechos, así como la omisión de salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, y a prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia, con especial énfasis en un sistema masivo de transporte público que se ha negado a implementar e integrar medidas realmente contundentes con perspectiva de género”, añadió la abogada.
Indicó que este caso evidencia la inoperancia del sistema judicial en Colombia.
“Demuestran, una vez más, las barreras que persisten para el acceso a la justicia de las mujeres abusadas sexualmente que sumado a la deficiencia de un sistema penitenciario y carcelario obsoleto que no garantiza la seguridad, dignidad y humanización de las personas privadas de la libertad, y que llevaron a que el día de ayer una persona restringida en su libertad, perdiera su vida, hecho tal implica a su vez, hecho tal implica a su vez, que se vean conculcados los derechos de las víctimas a la justicia a la verdad y sobre todo a la garantía de no repetición”, concluyó.
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