Este lunes 28 de julio, hacia la 1:00 de la tarde, la Fiscalía General de la Nación adelantó la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia, llevada a cabo en la sede de la Fiscalía Sexta de la Unidad de Administración Pública en Boyacá, se relaciona con un contrato firmado en 2024 entre la empresa pública Ecovivienda y el abogado Juan Sebastián Ramírez García.
Según la Fiscalía, Ramírez habría sido contratado por una suma superior a los 50 millones de pesos pocos días después de retirar una demanda de nulidad electoral que había interpuesto contra el entonces alcalde electo. Se investigan posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato, y si existió alguna relación entre el retiro de la demanda y el beneficio contractual recibido.
En este mismo proceso también fueron vinculados el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, y la exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza, aunque en el caso de esta última la audiencia fue aplazada tras presentar una excusa formal ante el ente acusador.
Hacia la 1:00 p. m., se conoció que la defensa de Krasnov solicitó el aplazamiento de la audiencia, argumentando que necesitaban más tiempo para preparar las pruebas que sustentan su versión. Presuntamente, la nueva fecha de la diligencia sería el próximo 6 de agosto.
Krasnov, elegido para el periodo 2024–2027 como un candidato independiente, ha estado en el centro de varias controversias legales. Una de las más relevantes fue la demanda de nulidad electoral en su contra por una posible inhabilidad derivada de un contrato docente con la UPTC en diciembre de 2022. Este proceso fue fallado en su contra en primera instancia y se encuentra actualmente en revisión por parte del Consejo de Estado.
Adicionalmente, la Procuraduría le formuló dos pliegos de cargos: uno por la presunta inhabilidad al momento de su inscripción como candidato, y otro por supuestas irregularidades en la contratación de personal en la Secretaría de Fomento Económico.
La ciudadanía tunjana sigue con atención el curso del proceso, a la espera de decisiones judiciales que podrían tener efectos directos sobre la gobernabilidad en la capital boyacense.
