Tras la arremetida del presidente Petro contra Keralty y su dueño, el empresario español Joseba Grajales, usted ha emprendido una respuesta jurídica de alto nivel. ¿Por qué llevar a los estrados esas expresiones del primer mandatario?
Juan David Riveros: Porque no estamos ante una simple opinión o manifestación política. Estamos frente a declaraciones reiteradas y estigmatizantes, proferidas desde la más alta autoridad del Estado, con efectos concretos sobre la reputación, el valor económico y la operación de la compañía.
La vía judicial es el único camino legítimo que permite defender derechos fundamentales que han sido vulnerados, y restablecer límites institucionales cuando el poder se ejerce sin garantías ni fundamento jurídico y técnico. No es una confrontación personal: es una defensa de los derechos fundamentales y de los principios del Estado de Derecho.
Explíquenos cada una de estas denuncias. Comencemos por la del presidente Petro en la Comisión de Acusación. Usted es penalista. ¿Qué delitos considera que cometió el primer mandatario contra la empresa?
J.D.R: Las conductas del presidente podrían enmarcarse en tipos penales como calumnia agravada, injuria, actos de discriminación y el espectro podría ser mayor. Son afirmaciones públicas, reiteradas, sistemáticas, expresadas sin evidencia, que afectan no solo el buen nombre del señor Joseba Grajales, sino también atentan contra la organización Keralty, nuestros colaboradores y, sobre todo y lo más grave, contra nuestros pacientes.
Déjeme insistir, no estamos frente a un hecho aislado, estamos frente a una secuencia sistemática de exceso en el ejercicio del poder por parte del Gobierno Nacional en contra de un particular.
Esto me recuerda el relato bíblico de David contra Goliat, en donde el Gobierno es el gigante filisteo y los particulares somos los pastores, los débiles, las víctimas del atropello del poderoso, en donde nuestros únicos recursos de defensa son la valentía, la tranquilidad de conciencia, así como la fe y la confianza en las institucionalidad judicial del país.
