Karen Abudinen, exministra de las TIC, ha logrado evitar sanciones en el caso de los Centros Poblados, una situación que generó gran controversia en el país. La Procuraduría General de la Nación determinó que no había pruebas suficientes para implicarla en irregularidades relacionadas con la adjudicación de un contrato por más de 1.07 billones de pesos para la expansión de internet en zonas rurales.
Durante la investigación, Abudinen había sido cuestionada por su papel en la supervisión del contrato, que fue objeto de múltiples denuncias debido a fallas en su ejecución y a la eventual suspensión de los pagos. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que no se había demostrado su responsabilidad directa en los hechos.
La decisión ha desatado reacciones diversas en el ámbito político y social, con algunos celebrando el fallo como una defensa de la legalidad y otros criticando la falta de consecuencias en casos de corrupción. Abudinen, por su parte, se ha mostrado satisfecha con la resolución, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en la gestión pública.
