En un hecho sin precedentes que sacude a la propia Corte Suprema de Justicia, la magistrada Cristina Lombana compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra sus compañeros de sala, César Augusto Reyes y Misael Rodríguez, por una presunta extralimitación de funciones en el manejo del escandaloso caso de corrupción relacionado con la UNGRD.
De acuerdo con información divulgada por un medio de comunicación nacional, la magistrada Lombana consideró que sus colegas habrían incurrido en actuaciones que sobrepasarían sus competencias, al intervenir presuntamente en favor de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. La señalada fue citada por Lombana en el marco de la investigación que involucra a los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta. Sin embargo, antes de rendir su testimonio, Ortiz se habría reunido con el magistrado Reyes, oriundo de Duitama, lo cual generó fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Durante la diligencia, el abogado de Ortiz, identificado como Medina, habría tomado la palabra para explicar que, en ese encuentro previo, se habló con Reyes sobre la intención de certificar la supuesta colaboración de su clienta en el proceso judicial, un aspecto que Lombana consideró irregular.
La compulsa de copias también menciona al magistrado Misael Rodríguez, al señalar que tanto él como Reyes habrían sugerido, a través de medios de comunicación, beneficios judiciales para Sandra Ortiz, una persona que —según los protocolos procesales— no depende directamente de sus despachos ni de sus competencias jurisdiccionales.
Aunque se trata de una actuación interna, esta situación abre un debate mayor sobre los límites del poder al interior del máximo tribunal y la posible politización de la justicia. ¿Se trató de una maniobra legítima para facilitar la colaboración eficaz o de una intervención indebida con fines ajenos al proceso judicial?
Por ahora, se mantiene la presunción de legalidad sobre las actuaciones de todos los magistrados implicados, mientras la Comisión de Acusaciones evalúa si hay lugar a una investigación formal. Lo cierto es que el episodio plantea serios interrogantes sobre la coherencia institucional y los controles internos en uno de los órganos más importantes del sistema judicial colombiano.
