El nuevo presidente del Tribunal de Boyacá asumió tras un ascenso inusualmente rápido, generando sospechas por decisiones controvertidas en un proceso electoral.
La elección de Diego Mauricio Higuera Jiménez como presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá plantea serias dudas sobre la transparencia en la justicia. Su ascenso acelerado, desde conjuez hasta la presidencia en menos de un año, contrasta con los tiempos usuales de consolidación dentro del sistema judicial. Esta rapidez suscita cuestionamientos sobre los factores que impulsaron su nombramiento y si estos responden a méritos profesionales o a influencias externas.
Más allá de la velocidad de su ascenso, existen aspectos de su trayectoria que generan inquietud. Su actuación en el proceso de nulidad electoral de Krasnov resulta un ejemplo claro de ello. En este caso, se evidenció una omisión crítica: a pesar de contar con la facultad de verificar la existencia del contrato ECO-CD-001-2024 en Secop, optó por aceptar la versión de Ramírez García sin una verificación rigurosa. Esta falta de diligencia contradice el estándar de rigor que se espera de un magistrado y deja interrogantes sobre su compromiso con la verdad.
Otro elemento preocupante es su intento de declararse impedido en dicho proceso, amparándose en los numerales 7 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso. Sin embargo, su argumentación resultó infundada, lo que refuerza la percepción de que su accionar podría estar motivado por razones ajenas al derecho. A pesar de ello, no solo continuó en el caso, sino que su desempeño lo llevó a la presidencia del tribunal, consolidando su ascenso sin consecuencias visibles por sus decisiones cuestionables.
Este nombramiento expone una problemática más profunda dentro del sistema judicial: la falta de controles efectivos y la posible injerencia de intereses ajenos en las decisiones internas. Si un magistrado puede ascender con tal rapidez y sin un escrutinio riguroso, cabe preguntarse cuántos otros procesos podrían estar sujetos a influencias discrecionales. La justicia debe sustentarse en la imparcialidad y la transparencia, pero casos como el de Higuera Jiménez sugieren que ciertas conexiones facilitan el acceso al poder de manera preocupante. En un sistema donde la confianza en las instituciones es fundamental, situaciones como esta erosionan la credibilidad de la justicia. La falta de consecuencias ante actuaciones dudosas envía un mensaje alarmante: el mérito parece quedar relegado cuando priman otros factores. La ciudadanía merece jueces que respondan a criterios de idoneidad y ética, no a dinámicas de poder que distorsionan la esencia misma de la justicia.
