Después de 26 años de impunidad, la justicia colombiana condenó a 28 años de prisión al exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por su papel en el secuestro agravado de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999. La sentencia fue dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín y se sustentó en los testimonios de varios exjefes paramilitares que señalaron a Narváez como el ideólogo que incitó a Carlos Castaño y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a ejecutar el crimen.
Aunque las AUC justificaron el secuestro como un acto de presión al gobierno de Andrés Pastrana para incluirlos en las negociaciones con las FARC, las investigaciones revelaron que en realidad fue producto de una alianza entre sectores estatales, empresarios y paramilitares, que utilizaban la “guerra sucia” para eliminar a voces opositoras. Narváez, entonces funcionario del DAS y profesor de la Escuela Superior de Guerra, habría entregado a Castaño grabaciones ilegales de Córdoba con guerrilleros del ELN, en las que se referían de forma despectiva al jefe paramilitar. Ese material sirvió como excusa para ordenar el secuestro.
Excomandantes como Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “El Iguano” y Ernesto Báez confirmaron ante la justicia que Narváez fue quien instigó a Castaño. Báez incluso se lo reconoció personalmente a Córdoba en 2014, durante un encuentro de reconciliación.
La condena ratifica el rol de Narváez como uno de los principales ideólogos del paramilitarismo, impulsor de la “doctrina del enemigo interno”, que justificaba la persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y opositores políticos. Este fallo se suma a otras sentencias en su contra: ocho años por interceptaciones ilegales en 2016, 30 años por el asesinato de Jaime Garzón en 2018 y 12 años por la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque en 2023, acumulando ya más de 74 años de prisión. Pese a ello, Narváez continúa recluido en instalaciones de la Policía en Facatativá y no en una cárcel común, lo que ha generado críticas de las víctimas y de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que califican esta situación como un privilegio injustificado.
El secuestro marcó profundamente la vida de Piedad Córdoba. Aunque fue liberada tras 13 días, sufrió años de persecución política, amenazas y exilio. Su familia también fue afectada: uno de sus hijos relató que la exsenadora padecía delirios de persecución, mientras una de sus hijas estuvo desaparecida durante cinco años debido al miedo y la dispersión familiar. Córdoba, no obstante, mantuvo un papel protagónico en los procesos de paz y se convirtió en una de las figuras más incómodas para las élites políticas y militares de la época. Según investigaciones periodísticas, incluso estuvo en una lista de personas a asesinar discutida entre Castaño, Mancuso, militares y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe.
La condena contra Narváez representa la primera vez que la justicia responsabiliza a un alto funcionario del Estado en el secuestro de una líder opositora, un hecho que revela la connivencia entre instituciones oficiales y estructuras paramilitares en los años noventa. Aunque Córdoba falleció en enero de 2024 y no pudo presenciar este fallo, la sentencia constituye una reparación moral y política para su memoria y un hito en la lucha por la verdad y la justicia en Colombia.
