La Fiscalía Militar y Policial de Colombia —parte de la Justicia Penal Militar— ha anunciado formalmente la apertura de una indagación para esclarecer las circunstancias que rodearon el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares el pasado 11 de noviembre en Guaviare, en el que, lamentablemente, murieron siete menores de edad. Esta acción judicial busca determinar si las operaciones militares se ajustaron estrictamente a los principios y reglas que rigen el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado interno.
El bombardeo, dirigido contra disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, dejó un total de 19 fallecidos, y la confirmación de la presencia de siete menores de edad conmocionó al país. Además, el proceso de la Justicia Penal Militar se suma a una investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación anunció previamente, creando dos frentes de análisis sobre la legalidad y la pertinencia de la operación. Por consiguiente, las autoridades buscan establecer si se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Justicia Penal Militar investiga bombardeo con muerte de siete menores en Guaviare
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El debate público se ha centrado en el dilema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y la respuesta de la Fuerza Pública. La Defensoría del Pueblo y la ONU condenaron el uso de menores de edad como escudos humanos por parte de los grupos armados ilegales, señalando a estos últimos como los responsables originarios de las muertes. Sin embargo, ambos organismos instaron a las Fuerzas Militares a perfeccionar los protocolos operacionales para garantizar la protección de la niñez, incluso cuando los niños se encuentran en contextos de combate.
El Gobierno y la cúpula militar han defendido el operativo, asegurando que se ejecutó bajo los lineamientos del DIH. El presidente Gustavo Petro justificó el ataque como una acción necesaria para proteger la vida de 20 soldados que se encontraban en riesgo de ser atacados por un grupo numeroso de disidentes. Por su parte, el Ministro de Defensa afirmó que, en el marco del DIH, un menor de edad que participa en la función continua de combate pierde su estatus de protección y se convierte en un «blanco lícito», una interpretación que ha generado fuerte controversia legal y humanitaria.
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En resumen, la apertura de la investigación por parte de la Justicia Penal Militar busca garantizar la transparencia y el debido proceso en este delicado caso. Finalmente, la Fiscalía Militar y Policial ha expresado su compromiso de verificar de manera objetiva si la actuación de los militares fue legítima, un proceso que tendrá que navegar la compleja paradoja del derecho humanitario frente a los niños soldados.
