Las denuncias por explotación sexual a niños y niñas indígenas del departamento de Guaviare hechas recientemente han despertado la indignación del país entero, principalmente porque son grupos de militares los principales sospechosos de cometer este acto tan atroz, calificado por el propio presidente Gustavo Petro como etnocidio.
De por sí, el hecho de abusar de menores de edad es un acto de lo más vil y condenable, pero aprovecharse de la situación de pobreza extrema de una comunidad entera y de la posición de poder de los uniformados como mecanismo de chantaje para cometer este tipo de aberraciones es por demás abominable.
Investigaciones sobre casos en el Guaviare
Y es que las investigaciones adelantadas por el Gobierno han arrojado como conclusión que la misma comunidad indígena se ha vuelto cómplice de esta situación y ofrecen a sus niños como como objetos sexuales a militares a cambio de comida y medicamentos que pueden suministrarles.
“No es una actividad clandestina hecha contra la misma familia, la misma comunidad, sino que se han alcanzado, de ahí la sistematicidad del problema, niveles de complicidad de la misma comunidad, que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida”, aseguró el mandatario nacional, quien ha ordenado una investigación exhaustiva a los representantes del ICBF.
La obligación del Gobierno
El Gobierno Nacional está en la obligación de llegar al fondo de este caso tan indignante, en el que el derecho de niños indígenas en condición de vulnerabilidad ha sido violentado. Sobre los responsables de violaciones contra menores de edad en el Guaviare debe caer todo el peso de la ley y el Estado debe ser garante de que los culpables de estos hechos condenables sean juzgados con todo el peso de la ley. Es que hay que recordar que los niños no son objetos y su integridad debe ser respetada.
El pasado viernes el presidente Gustavo Petro ordenó el envío de una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y de la Presidencia de la República, para atender las distintas denuncias de violencia sexual contra menores de edad en el departamento del Guaviare.
“He pedido que una comisión del ICBF y de la Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios” declaró desde su cuenta de Twitter.