El Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia, Caquetá, vuelve a estar en el ojo del huracán. Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en 2024, declarando la nulidad de las resoluciones que entregaban la administración del centro asistencial al Gobierno Nacional.
La justicia reconoció que los argumentos de la exsuperintendencia fueron “arbitrarios” y “con falsa motivación”, lo que en palabras de la gerente Cindy Tatiana Vargas, significó cuatro meses y medio de desgaste institucional, deudas por más de 30 mil millones y un retroceso administrativo que aún están tratando de recomponer.
“Siempre dijimos que la intervención no tenía pies ni cabeza. Nos inventaron hallazgos inexistentes y nos dejaron hundidos en deudas históricas”, denunció Vargas, quien desde el inicio lideró la defensa jurídica.
Deudas y sobrecostos
El fallo judicial no borra la crisis financiera que la intervención dejó. Según la gerente, al hospital le recargaron gastos en honorarios administrativos que nunca antes se habían visto, mientras la deuda con proveedores y especialistas sigue pasando factura.
“Se endeudó al hospital con cifras escandalosas, asignando sobresueldos para cargos administrativos que no justificaban semejantes montos. Esa fue la verdadera herencia de quienes llegaron de afuera a decir que venían a salvarnos”, recalcó Vargas.
A pesar de la tormenta, el hospital ha logrado ponerse al día con la nómina de planta y contratistas, aunque todavía debe un mes a los especialistas. Vargas asegura que el presupuesto se ha defendido gracias a la recuperación de cartera y al blindaje jurídico que declaró las cuentas del hospital como inembargables, pese a existir más de 280 procesos en curso.
Obras y oxígeno
Mientras se libran batallas judiciales y financieras, el hospital apuesta a crecer. Ya arrancó la construcción de la segunda torre hospitalaria, con la meta de levantar tres pisos antes de diciembre y culminar en menos de 27 meses. Paralelo a ello, la institución puso en marcha su propia planta de oxígeno, una medida clave en una región donde el desabastecimiento ha cobrado vidas y obligado a rogar paso en las carreteras para surtir cilindros.
“Hoy producimos nuestro propio oxígeno y eso es un alivio inmenso para pacientes y médicos. No podemos volver a depender de lo que pase en Bogotá o en la vía”, señaló la gerente.
El contraste es brutal: mientras la justicia devuelve la administración al Caquetá, el hospital aún enfrenta la realidad de la falta de medicamentos básicos como el suero antiofídico en una zona de alto riesgo por mordeduras de serpiente. La paradoja indigna a muchos: se construyen torres nuevas y se compran equipos de alta gama, pero los pacientes todavía tienen que esperar porque no hay antídotos suficientes para salvar vidas.
