Un contundente revés judicial cayó sobre el proyecto “Llano Verde”, ubicado en la vereda Santa Bárbara, luego de que el Tribunal Administrativo del Cauca decretara la suspensión inmediata de todas las actividades adelantadas en el predio. La decisión se dio tras admitir una acción popular interpuesta por el ciudadano Carlos Manuel Bahos Chaguendo y otros habitantes que alertaron sobre presuntos daños ambientales, urbanísticos y riesgos para las fuentes hídricas que abastecen a Popayán.
En un auto fechado el 18 de noviembre, con ponencia de la magistrada Zuldery Rivera Angulo, el Tribunal ordenó a la CRC y al municipio de Popayán ejecutar la suspensión con acompañamiento de la Policía Nacional. La instrucción incluye detener cualquier remoción de tierra, construcción, subdivisión o venta de lotes en los predios identificados con matrículas 120-250043 y 120-250044, donde hoy avanza el cuestionado desarrollo campestre.
Además, se exigió la instalación de una valla visible que advierta a la ciudadanía que la parcelación y comercialización del proyecto están prohibidas, citando expresamente las decisiones administrativas incumplidas hasta el momento.
El origen del conflicto
El caso tiene raíces profundas. Desde marzo de 2023, los habitantes de Santa Bárbara alertaron sobre maquinaria pesada trabajando en la zona, pese a tratarse de un territorio atravesado por las quebradas La Honda y Filipilla, afluentes del río Molino, uno de los principales abastecedores del acueducto de Popayán. La CRC confirmó remoción de tierra sin permisos, disposición inadecuada de material y posteriormente la tala de cerca de 80 árboles nativos.
La Oficina de Gestión del Riesgo advirtió, además, que el terreno intervenido presenta niveles altos de amenaza por movimientos en masa, lo que elevaría el riesgo para futuras viviendas. Aun así, los denunciantes aseguran que las obras continuaron y que incluso la venta de lotes se promocionó en redes sociales como si se tratara de un proyecto legalizado.
Controversia
El Tribunal negó ordenar a la Fiscalía el impulso del proceso penal por urbanización ilegal, recordando que esa entidad tiene autonomía constitucional. Sin embargo, su intervención sí encendió un debate más profundo: ¿quién controla la expansión acelerada de proyectos campestres en la zona rural de Popayán?
