La situación jurídica en Duitama, protagonizada por el alcalde José Luis Bohórquez López, ha puesto en evidencia un grave deterioro en el respeto a las decisiones judiciales y a la legalidad. La reciente acción de tutela interpuesta por Bohórquez, buscando frenar la ejecución de la sentencia que declaró la nulidad de su elección, es un claro reflejo de un intento desesperado por ganar tiempo, sin ningún fundamento legal que lo justifique. A pesar de que la sentencia aún no ha cobrado ejecutoria, Bohórquez optó por presentar una tutela el 21 de enero, que fue desistida tan solo tres días después, el 24 de enero, mostrando la inconsistencia de su estrategia.
Lo realmente preocupante es que, con semejante maniobra jurídica, se evidencia una falta de asesoramiento legal serio. Si este es el nivel de los abogados que asesoran al alcalde, es evidente que el rumbo del municipio está siendo guiado por personas que desconocen, o eligen ignorar, los procedimientos legales establecidos. La figura del perjuicio irremediable, alegada en la tutela, no tiene cabida en este caso, ya que la decisión aún está en trámite y el alcalde sigue ejerciendo su cargo sin que la sentencia haya sido ejecutoriada.
Por otro lado, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha mostrado una pasividad alarmante ante este escenario. Según el Decreto 0960 de 2024, tiene la obligación de hacer cumplir las decisiones judiciales, pero su inacción solo ha generado más incertidumbre en la ciudadanía. En lugar de permitir que esta parodia jurídica continúe, debería actuar para garantizar que Duitama avance con un alcalde legítimo y comprometido con el respeto al Estado de Derecho. La política no puede seguir anteponiéndose a la justicia. La ciudad de Duitama merece un gobierno que respete la ley y no esté subordinado a intereses personales o políticos.
