La Rama Judicial atraviesa uno de sus momentos más complejos en el suroccidente colombiano. La creciente presión de grupos armados ilegales en departamentos como Cauca, Nariño y Huila ha obligado al Consejo Superior de la Judicatura, presidido por Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, a adoptar medidas excepcionales para proteger a jueces y magistrados. El trabajo remoto, el refuerzo de esquemas de seguridad y la reorganización de sedes judiciales, son ahora la respuesta institucional frente a un contexto de riesgo que amenaza directamente la operación de la justicia en estos territorios.
Riesgo extremo, justicia digital
Desde enero hasta mayo de 2025, se han activado 20 medidas especiales para proteger instalaciones judiciales y 37 más para resguardar la vida de jueces y magistrados. Estas acciones, desarrolladas en articulación con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, incluyen vigilancia personalizada, rutas seguras y tecnología para garantizar el funcionamiento remoto del sistema. Para muchos funcionarios judiciales, dictar sentencias desde sus casas dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad para sobrevivir.
Vallejo Jaramillo ha defendido esta estrategia como una decisión valiente que prioriza la vida sin renunciar a la justicia. “Proteger a nuestros jueces es proteger la democracia”, señaló, enfatizando que la virtualidad no representa debilidad, sino adaptación frente a un entorno hostil que busca doblegar las instituciones.
Una justicia que resiste
Las imágenes de juzgados vacíos pero operativos, y de funcionarios conectados desde sus hogares, reflejan una realidad insólita pero urgente. Aunque las medidas no están exentas de críticas, para Vallejo y la Judicatura es claro: la justicia no puede ser silenciada por la violencia. Su lucha, ahora más que nunca, no se libra solo en los estrados, sino también en la defensa misma de la institucionalidad.
