Se trata de una denuncia que Guerrero interpuso contra la representante por calumnia y delitos informáticos.
La audiencia de conciliación convocada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia entre Juliana Andrea Guerrero Jiménez y la representante a la Cámara Jennifer Dalley Pedraza Sandoval no se celebró como estaba prevista a las 8:30 a.m. de este viernes. La diligencia fue citada luego de que Guerrero presentara una querella contra Pedraza por delitos informáticos y calumnia, en atención a los cuestionamientos públicos que la congresista formuló sobre la hoja de vida y los títulos que la denunciante presentó cuando fue postulada como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
La Fundación Universitaria San José informó que no encontró registros de asistencia ni actividad académica que acrediten el paso de Guerrero por la institución. La congresista ha sostenido que esos hallazgos respaldan sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en los títulos que Guerrero incluyó en su hoja de vida.
A la salida de la Sala de Instrucción del alto tribunal ubicada al norte de Bogotá, Pedraza hizo un llamado directo a Guerrero: “esto no es un asunto personal. Entiendo que nuestra lucha es contra la corrupción de manera sistemática y que incluso ella puede ser uno de los eslabones más débiles de esta cadena. La invito, Juliana, a que usted hable, a que le diga a la justicia colombiana toda la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias. Le digo que le diga al pueblo colombiano toda la verdad, todo lo que conoce y que señale si acá hay poderes mucho más grandes que ella y que yo moviéndonos con intereses particulares. Sabemos que hay personas muy poderosas y es hacia allá donde queremos dirigir estas investigaciones y estas denuncias”.
Paralelamente, Pedraza denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Guerrero y a varios directivos de la Fundación Universitaria San José por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. La congresista también ha manifestado que, frente a la información publicada, el ICFES insinuó que se habría producido un acceso indebido a su sistema para obtener y divulgar ciertos datos, una hipótesis que ella ha vinculado a la investigación tanto en la Corte como en la Fiscalía.
Sobre la solicitud de aplazamiento, la defensa de Guerrero invocó una causa de fuerza mayor atribuida a su abogado. El magistrado instructor y la Corte Suprema consideraron, sin embargo, que tratándose de una diligencia de conciliación en la que las partes son esenciales, la petición no era suficiente para suspender la audiencia, por lo que rechazaron el aplazamiento.
“El magistrado tomó la decisión de denegar esta solicitud de aplazamiento”, dijo la representante en sus intervenciones públicas, y agregó que ahora queda “a la espera de la decisión que va a tomar la Corte”.
En la misma línea, Sebastián Rondón Duarte, abogado de Pedraza, sostuvo que, aunque desde el punto de vista jurídico la denuncia “no tiene ninguna vocación de prosperidad”, la defensa solicitará al despacho pruebas y pruebas adicionales para que la Corte haga un análisis de fondo y se pronuncie sobre la veracidad de las imputaciones hechas por Guerrero.
Con la inasistencia de la denunciante y la negación del aplazamiento, el magistrado Héctor Alarcón deberá determinar —sobre la base del expediente y de las pruebas que aporten las partes— si archiva el proceso por desistimiento tácito, si ordena que la diligencia se reprograme en condiciones distintas, o si, pese a la ausencia de Guerrero, avanza con actos de instrucción que permitan esclarecer si hubo o no conducta punible atribuible a Pedraza.
