Imagen: Jung Yeon-je/AFP/Getty Images
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para determinar si la dimisión de Yoon, aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre, será definitiva o si se le reintegra a su posición.
El mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, bajo un robusto aparato de seguridad, se presentó por vez primera este martes (21.01.2025) en el Tribunal Constitucional para participar en una audiencia del juicio que decidirá si su destitución parlamentaria será o no definitiva.
Yoon arribó en un convoy que lo llevó desde el centro de detención de Uiwang, situado al sur de la capital de Corea del Sur, donde ha estado detenido desde el 15 de diciembre pasado.
El robusto dispositivo de policía instalado alrededor de la sede del Tribunal Constitucional en Seúl ya se podía observar a más de un kilómetro de distancia del tribunal, junto con las multitudinarias manifestaciones coordinadas por los partidarios del presidente en la región.
Incluso la alerta roja emitida hoy en la región capitalina debido a la mala calidad del aire no pudo impedir que los partidarios del presidente se reunieran en multitudes cerca del Constitucional para protestar contra lo que ven como un arresto y un juicio ilícitos por su elección de proclamar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
En cualquier caso, la Policía estableció un área de seguridad alrededor de las puertas del tribunal, utilizando barreras y autobuses para prevenir el acercamiento hasta la entrada de los tribunales.
Según un comunicado de sus abogados, Yoon tiene la intención de evaluar las circunstancias que le llevaron a proclamar el estado de excepción, y su equipo jurídico aportará evidencias y convocará a testigos a declarar para respaldar su razonamiento.
«Parálisis» de Estado
Yoon sostiene que la ley marcial fue una reacción a la «parálisis» del Estado que, de acuerdo a él, estaba generando la oposición a través del uso indiscriminado de las mociones de destitución en el Parlamento, donde su partido se encontraba en una notable minoría desde abril.
También según el comunicado, el mandatario sostiene que los recortes en el presupuesto ratificados por la bancada contraria en el hemiciclo, junto con la deficiente administración del sistema electoral electrónico, representaban un peligro para la estabilidad económica y política del país.
De aquí a junio, el Constitucional debe determinar si el cese de Yoon, aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre, será definitivo o si lo reintegra a su puesto.
Si su inhabilitación es confirmada, tendrán que convocar a elecciones presidenciales en un periodo máximo de 60 días después de la decisión del tribunal.
Yoon a su vez se enfrenta a una investigación criminal por un posible delito de insurrección que podría ser sancionado con cadena perpetua o la pena de muerte (para la cual se ha establecido una moratoria en Corea del Sur desde 1997), pese a que ha rechazado presentarse ante los investigadores.
