El juicio oral contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez comenzó el 23 de enero de 2025, tras varias solicitudes de aplazamiento por parte de su defensa. Uribe enfrenta cargos por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, relacionados con presuntas gestiones de su abogado Diego Cadena para influir en declaraciones de testigos en su favor. El proceso se desarrolla en el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y se extenderá hasta marzo de 2025.
La controversia ha girado en torno a la legalidad de las pruebas presentadas, especialmente las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena. La defensa argumenta que estas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, mientras que la Fiscalía sostiene que fueron autorizadas por la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario ha calificado el proceso como una persecución judicial y política, afectando su capacidad de ejercer oposición al gobierno actual.
Este caso ha generado un amplio debate sobre el uso de pruebas en procesos judiciales y la influencia de factores políticos en la administración de justicia en Colombia. La resolución de este juicio podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia del país. Se espera que el tribunal emita su fallo en los próximos meses, lo que mantendrá la atención tanto de la opinión pública como de los analistas políticos.
