Una jueza de la República concluyó que, en efecto, se presentó una violación al debido proceso legislativo durante la votación del Senado que aprobó la realización de una Consulta Popular en Colombia. El fallo judicial cuestiona la legalidad de los procedimientos usados y podría tener consecuencias importantes sobre la validez del acto legislativo.
Según el pronunciamiento, el trámite no respetó los principios de publicidad, deliberación y votación reglada, lo que constituye una vulneración del marco constitucional que regula las decisiones del Congreso. El análisis se centró en la manera en que se convocó y ejecutó la votación, señalando inconsistencias en el quórum y en el cumplimiento de tiempos legales.
Este fallo se deriva de una acción judicial interpuesta por organizaciones ciudadanas y expertos constitucionalistas, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades en la forma en que fue aprobada la consulta, impulsada por sectores políticos que promovían reformas estructurales.
Aunque la decisión no implica la anulación inmediata de la consulta, sí obliga a una revisión del proceso por parte de las altas cortes y deja en evidencia la fragilidad del cumplimiento normativo en el trámite legislativo.
Analistas coinciden en que este fallo podría marcar un precedente sobre el control judicial de actos del Congreso y representa un llamado de atención a los legisladores sobre la necesidad de actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Por ahora, el futuro del mecanismo de participación ciudadana queda en suspenso, mientras el caso avanza a instancias superiores y se define su impacto político y jurídico
