Vencimiento de Términos: ¿Por qué algunos acusados quedan en libertad?

En una entrevista realizada por la Lupa del periodismo al juez Francisco Ballesteros, quien aclara por qué este mecanismo judicial se presenta tan reiterativamente en el país. La liberación de personas vinculadas a investigaciones penales por vencimiento de términos es un fenómeno que genera interrogantes y, en ocasiones, frustración entre los ciudadanos. Para esclarecer por qué ocurre tan frecuentemente este mecanismo en el sistema judicial colombiano, el Juez Primero Penal del Circuito de Girardot, Francisco Ballesteros, explicó las razones estructurales y procesales que llevan a esta situación, especialmente en el ámbito local.
El juez Ballesteros señaló que la sobrecarga laboral en los despachos judiciales es uno de los principales factores que dificultan el cumplimiento de los términos procesales. En el municipio de Girardot, explicó, solo tres jueces deben gestionar más de mil casos en etapa de conocimiento, lo cual hace humanamente imposible llevar un seguimiento ágil y cumplir con los plazos establecidos por la ley. Esta carga excesiva provoca que, en muchos casos, los tiempos para audiencias y diligencias se posterguen, dando lugar al vencimiento de términos y, en consecuencia, a la liberación de los procesados.
Vencimiento
En Colombia, la ley establece plazos específicos para las distintas etapas de un proceso penal. Según explicó el juez Ballesteros, en casos no complejos, la fiscalía tiene un plazo de 60 días para presentar la acusación ante el juez después de realizar la audiencia de imputación. Si este periodo se cumple sin que se avance en el proceso, el acusado tiene derecho a solicitar su libertad. Esta norma busca garantizar el debido proceso y evitar que las personas permanezcan detenidas indefinidamente sin un juicio.
Para casos considerados complejos, el plazo de 60 días se duplica a 120 días, y en situaciones donde hay tres o más procesados o el delito presenta circunstancias especiales, los términos pueden llegar hasta los 300 días en distintas fases del proceso. “Esto ocurre, por ejemplo, cuando después de la imputación han transcurrido 120 días sin que se realice la audiencia del juicio, o cuando, una vez iniciado el juicio, pasan 150 días sin que se haya dictado sentencia”, detalló Ballesteros.
Plazos
El juez enfatizó que estos plazos, aunque pueden parecer extensos, son necesarios para garantizar un proceso justo y ordenado. Sin embargo, reconoció que la realidad en el sistema judicial colombiano dificulta cumplirlos de manera efectiva, especialmente en municipios como Girardot, donde la falta de personal y el exceso de casos dificultan el desarrollo fluido de los procesos. Esta sobrecarga afecta no solo a los jueces, sino también a fiscales y defensores, quienes deben lidiar con tiempos limitados y agendas saturadas.
“Es un problema estructural”, señaló Ballesteros, indicando que la situación se repite en todo el país. Los ciudadanos, a menudo, perciben que los acusados quedan en libertad sin razones aparentes, pero el vencimiento de términos es un derecho contemplado en la ley para evitar la detención prolongada sin juicio. “No se trata de liberar indiscriminadamente, sino de respetar los tiempos establecidos para cada etapa procesal”, aclaró el juez.
El caso de Girardot es un reflejo de una problemática nacional en la que la falta de recursos y la alta carga laboral juegan en contra de la eficiencia judicial. A medida que se incrementa la cantidad de casos sin un aumento correspondiente en el número de jueces y fiscales, el vencimiento de términos se convierte en una salida frecuente para los procesados, lo cual genera una sensación de impunidad en la ciudadanía.




