El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ratificó la decisión de mantener en prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por su papel como principal instigador del intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023 contra el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien rechazó el pedido de la defensa de Bolsonaro de flexibilizar las medidas judiciales. El juez argumentó que se mantiene el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar el cumplimiento estricto de la ley. Bajo este régimen, el exmandatario deberá llevar tobillera electrónica, además de tener prohibido el uso de celular y redes sociales, con el fin de impedir que continúe comunicándose con sus seguidores o incida en los procesos en curso.
La condena a Bolsonaro contempla cinco delitos graves:
- Intento de golpe de Estado.
- Intento de abolición del Estado democrático de derecho.
- Pertenencia a organización criminal.
- Daños al patrimonio público.
- Daños a bienes especialmente protegidos.
El fallo se enmarca en las investigaciones sobre la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia —Congreso, Corte Suprema y Palacio de Planalto—, en un asalto que evocó el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021. Aquella acción buscaba desestabilizar al recién posesionado Lula da Silva e impedir el normal funcionamiento del Estado democrático.
En paralelo, el STF anunció que este 14 de octubre comenzará el juicio de siete acusados dentro de la Acción Penal 2694, que investiga la participación de otros exfuncionarios y aliados de Bolsonaro. Según la Procuraduría General de la República (PGR), estos procesados conformaban el llamado “Núcleo 4”, responsable de difundir noticias falsas contra las urnas electrónicas y de organizar ataques sistemáticos contra instituciones democráticas y autoridades electorales.
El caso de Bolsonaro es considerado clave para la defensa de la democracia brasileña, pues la justicia del país sigue adelante con más de 1.400 procesos judiciales contra implicados en los disturbios. La decisión de mantenerlo en prisión domiciliaria refuerza el mensaje de que las instituciones buscan evitar la impunidad frente a los hechos que pusieron en riesgo la estabilidad institucional del Brasil.
En este contexto, el proceso contra Bolsonaro marca un precedente histórico: nunca antes un expresidente brasileño había sido condenado a una pena tan severa por conspirar contra el orden democrático.
