Momentos de angustia se vivieron en Pitalito luego de que el juez Segundo Civil del Circuito, Jaime Poveda Ortigoza, resultara herido con arma de fuego al oponerse, al parecer, a un intento de atraco. El hecho ocurrió cuando el togado se dirigía a su despacho en el Palacio de Justicia del Valle de Laboyos. Dos proyectiles impactaron su cuerpo, y aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, su pronóstico sigue siendo reservado.
El ataque ha generado consternación en el sector judicial del Huila. Según Óscar Eduardo López Rojas, presidente de Asonal Judicial, este caso evidencia la vulnerabilidad en la que laboran jueces y funcionarios. “No sabemos si fue un intento de robo o una agresión directa, pero sí podemos afirmar que las amenazas contra nuestros servidores son reales y constantes”, expresó el dirigente, recordando que en Neiva, La Plata, Palestina y Pitalito varios operadores judiciales han sido intimidados.
Un gremio desprotegido
López Rojas denunció que la presencia policial en las sedes judiciales ha disminuido de manera preocupante, dejando expuestos a jueces y empleados. Desde la agremiación se pide reforzar la seguridad y reactivar convenios con el Fasol (Fondo de Solidaridad de Servidores Judiciales), para ofrecer acompañamiento psicológico y, en casos extremos, protección y reubicación de los amenazados.
Una justicia sin garantías
El atentado contra el juez Poveda Ortigoza no es un hecho aislado, sino parte de una crisis silenciosa que golpea la independencia y tranquilidad del aparato judicial. Mientras las investigaciones avanzan bajo la dirección de la Sijin, los servidores piden medidas urgentes antes de lamentar tragedias mayores. La justicia, paradójicamente, parece hoy indefensa ante el crimen.
