La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exjuez de Ejecución de Penas de Florencia, Óscar Enrique Aguirre Perdomo, por los delitos de concusión y acceso carnal violento agravado, y ordenó su captura inmediata al quedar en firme el fallo. La sentencia, emitida bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, reafirma la gravedad de los hechos cometidos por el exfuncionario y la responsabilidad penal derivada de su conducta abusiva desde el cargo.
Según lo establecido por la Corte, Aguirre Perdomo aprovechó su posición de autoridad para imponer presiones económicas y sexuales a la compañera sentimental de un condenado cuyo proceso de vigilancia y trámites administrativos estaban bajo su despacho. Los hechos, ocurridos en 2012, fueron sustentados a través de testimonios, registros telefónicos y declaraciones que demostraron cómo el exjuez condicionó gestiones judiciales —como traslados médicos, permisos y la eventual evaluación de mecanismos sustitutivos de la pena— al pago de dinero y a la realización de encuentros sexuales.
El magistrado Chaverra Castro señaló en la lectura del fallo que la actuación del exjuez constituye una “erosión profunda a la confianza ciudadana”, al instrumentalizar la función judicial para la obtención de beneficios personales. La Corte determinó que la presión emocional ejercida sobre la víctima configuró violencia moral, elemento suficiente para sostener la condena por acceso carnal violento agravado, contrario a lo solicitado por el Ministerio Público, que pretendía revocar este cargo.
Asimismo, el alto tribunal ratificó la existencia del delito de concusión, sustentado en las exigencias económicas verificadas mediante pruebas documentales y testimoniales. La sentencia, contenida en 102 páginas, deja sin posibilidad de nuevos recursos y fija la inmediata privación de la libertad de Aguirre Perdomo, además de imponerle inhabilidad para ejercer cargos públicos y sanciones económicas.
Con esta decisión, la Corte envía un mensaje contundente: la corrupción judicial, ejercida mediante presiones económicas o sexuales, será perseguida y sancionada con la máxima severidad institucional.
