La decisión final sobre el cumplimiento del fallo quedó en manos de la juez décima de Familia. En ese sentido, el pasado 22 de abril de 2026 determinó no imponer sanciones por desacato. Esta resolución marca un punto clave dentro del proceso. Además, evidencia un análisis detallado de las actuaciones realizadas. Por consiguiente, se refuerza la legitimidad de las acciones institucionales. De esta manera, se consolida la confianza en el proceso judicial. Así, se brinda mayor claridad a la ciudadanía.
La funcionaria concluyó que no existió negligencia ni intención de incumplir el fallo. Asimismo, destacó que se han presentado avances técnicos significativos. Esto demuestra que el proceso ha seguido su curso conforme a lo establecido. Además, se evidencia un compromiso con el cumplimiento de las obligaciones. En consecuencia, se descarta cualquier conducta irregular. Por lo tanto, se fortalece la credibilidad de las entidades involucradas. Así, se garantiza mayor transparencia.
Desde la administración, Ana Catalina Castro aseguró que todas las acciones se han ejecutado con legalidad. Además, enfatizó que el proceso se ha desarrollado con total transparencia. En este contexto, se han implementado estrategias que permiten avanzar de manera efectiva. De igual forma, se ha priorizado el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Por ende, se refuerza la confianza institucional. Asimismo, se promueve la participación ciudadana. Esto contribuye a un proceso más sólido.
Finalmente, se destacó que más de mil millones de pesos respaldan esta fase definitiva. Estos recursos han sido destinados a asesorías, logística y encuentros comunitarios. Además, permiten fortalecer el desarrollo técnico del proceso. En consecuencia, se garantiza una ejecución adecuada de las actividades. De esta manera, se optimizan los resultados esperados. También se promueve la inclusión de la comunidad. Así, se consolida el avance del proyecto.
