El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Distrito Judicial de Villavicencio ha declarado nulo el Acuerdo Municipal No. 537 de 2022, un dictamen que ha generado gran repercusión en la administración local. Este acuerdo, que había sido aprobado por el Concejo Municipal y autorizaba al entonces alcalde, Juan Felipe Harman Ortiz, a endeudar al municipio por más de $50 mil millones, fue invalidado debido a la presencia de errores y vicios de nulidad en su proceso de aprobación.
Fundamentos
La decisión judicial se basó en que la iniciativa presentaba errores procedimentales y vicios que comprometían su validez jurídica. Según el fallo, estos defectos tornaron la aprobación del acuerdo irregular y en violación del marco jurídico establecido, lo que llevó a la nulidad del mismo.
Errores y vicios de nulidad
Impedimento de los Concejales Ponentes: Los concejales William Alexander Hernández, Diego Alexander García Ruiz y Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita, quienes actuaron como ponentes del proyecto, se encontraban formalmente impedidos para participar en la votación debido a una recusación presentada por el concejal Jorge Felipe Carreño Sánchez.
A pesar de la recusación, los concejales mencionados se retiraron del recinto en el momento de la votación. No obstante, este retiro no subsanaba su impedimento legal para actuar, lo que constituye un vicio de procedimiento que afecta la legitimidad de la votación.
Implicaciones
La Jueza Clara Piedad Rodríguez Castillo, al emitir la sentencia, ordenó que se remitan copias del fallo a la Procuraduría General de la Nación. Esta acción tiene como objetivo que se inicien las investigaciones disciplinarias correspondientes a todos los servidores públicos que participaron en la aprobación del acuerdo. Entre los investigados se incluye al exalcalde Juan Felipe Harman Ortiz.
Repercusiones
La anulación del Acuerdo Municipal No. 537 de 2022 representa un duro golpe a la administración del exalcalde Harman Ortiz y al Concejo Municipal de Villavicencio. Este acuerdo, que pretendía endeudar al municipio por una cifra considerable, fue justificado en su momento como una medida necesaria para financiar proyectos de desarrollo y mejoras infraestructurales en la ciudad. Sin embargo, los errores en el proceso de aprobación han puesto en duda la transparencia y legalidad de tales decisiones financieras.
