El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, contratista condenado por el escándalo de Centros Poblados, tras revocar la libertad condicional que le había sido concedida en abril por un despacho judicial de Barranquilla. La decisión se da luego de que la justicia concluyera que Tapia no cumplió con los requisitos de resocialización ni mostró un verdadero cambio de conducta frente a los delitos de corrupción por los que fue condenado.
El fallo, emitido este 5 de octubre de 2025, revierte el beneficio otorgado el pasado 11 de abril por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, que había permitido la excarcelación del contratista tras considerar que había cumplido más de las tres quintas partes de su condena y mantenido buena conducta. Sin embargo, el despacho de Bogotá determinó que esos criterios no bastaban para justificar su libertad, dada la gravedad de los delitos y su reincidencia en hechos de corrupción.
Tapia, conocido como el “zar de la contratación”, deberá ser recluido nuevamente en un centro penitenciario designado por el Inpec para continuar cumpliendo su condena por cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La Procuraduría General de la Nación, que apeló la decisión de libertad, celebró el fallo al recordar que Tapia ya había sido condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y volvió a incurrir en prácticas corruptas en el caso Centros Poblados, un escándalo que desvió más de 70.000 millones de pesos de un contrato del Ministerio TIC destinado a llevar internet a zonas rurales.
En su decisión, el juez resaltó que Tapia “participó en uno de los mayores desfalcos en la contratación distrital y nacional”, afectando la confianza pública y causando un detrimento millonario al Estado. Además, cuestionó la integridad moral del condenado, señalando que su comportamiento “refleja una personalidad inadecuada y carente de valores éticos frente al bienestar general”.
El fallo también rechazó los argumentos de la defensa, que había calificado como “venganza social” la intención de mantenerlo privado de la libertad. Por el contrario, el juez afirmó que la decisión responde a una evaluación integral de su conducta y antecedentes, subrayando que Tapia no mostró una verdadera intención de reintegrarse a la sociedad de manera ética.
Tapia había recuperado la libertad el 14 de abril, tres días después de que el Juzgado de Barranquilla le concediera el beneficio, tras pasar 88 meses en prisión. Durante ese tiempo, el contratista estudió y trabajó para redimir pena, pero el tribunal de Bogotá consideró que esas acciones no compensan la magnitud de los daños causados al erario.
El contratista fue identificado como uno de los cerebros del fraude de Centros Poblados, estructura que presentó garantías bancarias falsas para quedarse con un contrato del Ministerio TIC durante la administración de la exministra Karen Abudinen, en el gobierno de Iván Duque. El escándalo, que provocó la renuncia de la funcionaria, dejó al descubierto un entramado de corrupción que afectó los recursos destinados a la conectividad en las regiones más apartadas del país.
