Teniendo en cuenta la aparente participación de María Landázuri, Divia Pasuy, Brayan Pasuy, Alexandra Minda, en los delitos de concierto para delinquir en concurso con extorsión agravada un juez penal ambulante de Tumaco dictaminó a dos de los implicados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y a otro de ellos le impuso casa por cárcel, mientras tanto Mina Muñoz fue dejada en libertad, pero sigue vinculada al proceso.
Los hechos en lo referente a este proceso fueron denunciados por una pareja quienes pusieron en conocimiento de los agentes pertenecientes a la Policía, que entre el 16 y 18 de noviembre del 2021 y el 6 y 7 de enero del presente año recibieron llamadas extorsivas mediante las cuales les exigían el pago de un dinero a cambio de no atentar contra la humanidad de ellos y demás integrantes de la familia.
Por lo anterior, se conoció que los presuntos extorsionistas al parecer se hacían pasar por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, Gaor Iván Ríos, no obstante gracias a las investigaciones desarrolladas se logró determinar que aparentemente pertenecen a la banda delincuencial ‘Los Contadores’ que tienen injerencia en la costa pacífica nariñense. Al parecer las personas que fueron arrestadas el pasado 12 de agosto eran las encargadas de hacer las llamadas extorsivas y a su vez llevar a cabo el retiro de los dineros exigidos, acciones que aparentemente estuvieron lideradas por parte de Bryan Pasuy y Divia Pasuy, mientras que María Landázuri supervisaba que las víctimas fueran al banco a consignar.
Estas personas fueron detenidas durante operaciones de registro y allanamiento en Tumaco por agentes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula de la Policía y Militar, coordinados por un fiscal seccional, cumpliendo órdenes emitidas el 12 de agosto de 2022, por un juez.
En este sentido la Fiscalía General de la Nación presentó entre las pruebas probatorias al juez del caso uno de los baucher de retiro del dinero consignado por las víctimas a una cuenta bancaria al igual que la intercepción de llamadas telefónicas las cuales fueron autorizadas por parte de un juez fiscal. Tras la presentación de lo anteriormente nombrado el juez del caso tomó la determinación de privar de la libertad en centro carcelario a dos de las personas implicadas mientras que el destino de las otras dos se determinó mediante casa por cárcel y la otra de ella quedó en libertad.
