Gracias al material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, se logró la judicialización de Dilson Javier Romero Hinestroza y Francisco Antonio Torres Rodríguez, quienes fueron procesados por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada. Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en Buenaventura, cuando los dos hombres, en compañía de otras personas, llegaron fuertemente armados a un lote donde se adelanta la construcción de un inmueble.
Caso
Según la investigación, en el lugar, los hombres abordaron al propietario de la obra y, presuntamente, le exigieron el pago de 250 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia instaurada ante la Fiscalía, la exigencia económica se hizo bajo amenaza de atentar contra la vida del afectado, la de su familia y de impedir la continuación de los trabajos de construcción si no accedía a entregar el dinero exigido. El propietario, temeroso por su integridad y la de sus seres queridos, llegó a un acuerdo con los presuntos extorsionistas para entregar pagos mensuales por dos millones de pesos. La primera cuota de este pago extorsivo debía realizarse, situación que fue informada a las autoridades para coordinar un operativo que permitiera capturar a los responsables.
Pesquisas
Gracias a la oportuna denuncia de la víctima y a la rápida acción de los uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula de la Policía Nacional, se logró coordinar una entrega controlada en la cual participó el propietario del inmueble. Durante el operativo, Romero Hinestroza y Torres Rodríguez fueron sorprendidos en flagrancia mientras recibían el dinero pactado. En el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, tres proveedores, varias municiones, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que fueron presentados como evidencia en el proceso judicial. Posteriormente, los dos capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se realizaron las audiencias preliminares. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó el material probatorio y formuló cargos por el delito de extorsión agravada, contemplado en el Código Penal colombiano.
Proceso
A pesar de la contundencia de las pruebas, estas dos personas no aceptaron los cargos imputados por el ente acusador. Sin embargo, el juez, tras valorar los elementos presentados por la Fiscalía y la gravedad de los hechos, decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
