La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 20 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Sánchez’, una red señalada de operar en el sector Los Mapas del barrio Petecuy II, al oriente de Cali.
El operativo se dio como resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía Seccional Cali y unidades de Policía Judicial, quienes lograron recolectar pruebas que involucran a los procesados en una compleja red de tráfico de estupefacientes.
Según la Fiscalía, a los capturados se les imputaron los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
Durante la audiencia de imputación, ninguno de los investigados aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Se espera que en los próximos días el juez defina las medidas de aseguramiento.
De acuerdo con los avances investigativos, la organización estaría conformada por varios miembros de una misma familia, quienes habrían convertido su entorno residencial en una plataforma de distribución de drogas como marihuana, bazuco y cocaína.
Lo más alarmante del caso es que las autoridades identificaron como presuntas líderes de la red a una mujer de 72 años y su hija, quienes serían las encargadas de estructurar toda la operación delictiva desde los inmuebles intervenidos.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la instrumentalización de menores de edad para el expendio de drogas, en especial en entornos escolares y deportivos. La red habría reclutado a adolescentes para entregar estupefacientes en puntos específicos del barrio.
Este tipo de conductas, según la Fiscalía, agravan las penas y reflejan el nivel de organización y manipulación ejercido por los cabecillas sobre miembros vulnerables de la comunidad.
Además del tráfico de drogas, la red sería responsable de varios hechos violentos en la zona. Entre ellos, se investiga su presunta participación en el asesinato de un mecánico de motocicletas, ocurrido el pasado abril en circunstancias aún bajo análisis judicial.
Testimonios recolectados indican que la víctima se habría negado a colaborar con el grupo, motivo por el cual fue atacado. La Fiscalía recopiló pruebas balísticas y entrevistas que vinculan a dos de los capturados con este crimen.
Durante varios meses, las autoridades realizaron labores de vigilancia encubierta, seguimiento técnico y entrevistas con habitantes del sector. Esto permitió establecer la existencia de rutas de microtráfico, horarios de distribución y alias de los implicados.
Gracias a esas labores de inteligencia, se estableció que la red también utilizaba niños para camuflar droga en bicicletas o loncheras escolares, evitando así levantar sospechas durante los patrullajes policiales.
Los inmuebles donde operaban fueron intervenidos. Se trataba de casas ubicadas en zonas populares de Petecuy II, donde se almacenaban y distribuían los estupefacientes. La Fiscalía pedirá ante un juez que estos bienes sean extinguidos como medida cautelar.
Vecinos del sector aseguraron que el punto ya era conocido por sus actividades ilegales, pero pocos se atrevían a denunciar por temor a represalias. Hoy, tras la operación, esperan mayor presencia institucional.
El éxito de este golpe se dio gracias a la coordinación entre la Fiscalía, la Sijín y unidades especiales de la Policía Metropolitana de Cali, quienes consolidaron las pruebas en tiempo récord para judicializar a los implicados.
El fiscal del caso aseguró que el expediente está sólido y que el objetivo es desmantelar completamente esta red, evitar su rearme y proteger a la comunidad, especialmente a los menores involucrados.
Desde el Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Cali se celebró la acción conjunta. “Este es un paso fundamental en la recuperación de nuestros barrios. Vamos a seguir persiguiendo estructuras familiares criminales con fuerza institucional”, declaró un vocero de la administración local.
Organizaciones sociales también se pronunciaron, pidiendo que los menores usados por esta red reciban acompañamiento psicosocial y protección integral, evitando que vuelvan a ser captados por otras bandas.
Los 20 capturados se encuentran a disposición del sistema judicial, mientras avanza la etapa de legalización de captura e imputación de cargos. La Fiscalía espera que el caso sea priorizado dada su alta afectación a la comunidad.
Se prevé que en los próximos días se soliciten medidas de aseguramiento intramural para todos los procesados, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos que se les imputan.
