El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula del Ejército Nacional permitió capturar y judicializar al ciudadano venezolano Jean Carlos Sánchez Medina, quien haría parte del grupo delincuencial trasnacional Tren de Aragua y sería el presunto responsable por el secuestro de tres personas procedentes de la India.
El ente acusador evidenció que el procesado al parecer mantuvo retenidos durante cuatro días a tres ciudadanos indios los cuales se presume fueron interceptados por el investigado cuando, se cree, pretendían llegar a la frontera colombo-ecuatoriana entre Ipiales en el departamento de Nariño y Tulcán, para posteriormente llevárselos con rumbo desconocido aparentemente poniéndolos en estado de indefensión y privándolos de su libertad.
Tras conocerse de este caso se dio inicio a las indagaciones correspondientes lo cual permitió establecer gracias a la información entregada por una fuente humana que los tres ciudadanos estaban retenidos en viviendas ubicadas en la vereda San Luis del municipio de Aldana en el departamento de Nariño.
Hasta este lugar llegaron las autoridades donde adelantaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en las que encontraron a los ciudadanos, quienes fueron rescatados sanos y salvos. Durante estas acciones se incautaron dispositivos de comunicación, armas de fuego, municiones y una libreta con información bancaria sensible.
En entrevistas con los plagiados la Fiscalía determinó que Sánchez Medina los habría despojado de 14.000 dólares en efectivo y de sus celulares informando que además la organización ilegal, presuntamente, pediría 30.000 dólares para dejar en libertad a los tres extranjeros.
Al parecer, la estructura delincuencial sostiene nexos con una red de tráfico de inmigrantes que delinque en Paquistán y que obtiene millonarias rentas ilícitas con el tránsito ilegal de ciudadanos que buscan llegar distintos países en América.
La Fiscalía imputó al procesado como posible responsable del delito de secuestro extorsivo, cargo que no fue aceptado, sin embargo, juez encargado del caso le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
