Proceso judicial
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, señalado de utilizar a comunidades campesinas e indígenas como escudos humanos para impedir las operaciones militares en diferentes zonas del país. El procesado fue capturado en un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, tras varios meses de labores de inteligencia e infiltración en áreas donde ejercía influencia.
De acuerdo con el ente acusador, el hombre, conocido con el alias de “Camilo”, habría liderado durante al menos tres años a un grupo armado ilegal que realizaba acciones de hostigamiento contra la fuerza pública, extorsiones a comerciantes y control de cultivos ilícitos. La investigación sostiene que el cabecilla ordenaba a la población civil congregarse en medio de los enfrentamientos con el propósito de frenar los operativos militares y generar confrontaciones legales contra las autoridades.
La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, desplazamiento forzado y extorsión, todos contemplados en el Código Penal colombiano. El juez, al valorar la gravedad de los hechos y la posible reincidencia, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Contexto de violencia
Según los investigadores, alias “Camilo” tenía presencia en varias regiones del sur del país, donde aprovechaba las necesidades de las comunidades para manipularlas en beneficio de su organización criminal. En múltiples oportunidades, habría convocado a menores de edad para participar en actividades de logística y vigilancia, lo que constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Las autoridades resaltaron que la captura y judicialización de este presunto cabecilla representa un golpe estratégico contra las disidencias que intentan mantener el control territorial en áreas de alta conflictividad. Además, hicieron un llamado a la población civil a no dejarse instrumentalizar por grupos ilegales y a denunciar las presiones que estos ejercen.
El caso refleja las dificultades que enfrentan las fuerzas militares y de policía en la lucha contra estructuras que buscan perpetuar la violencia y el narcotráfico en distintas regiones del país. Con este proceso, la Fiscalía y el Ejército reiteraron su compromiso de fortalecer la judicialización de los máximos responsables, mientras avanzan en operaciones que reduzcan el impacto de las disidencias sobre las comunidades más vulnerables.
