La reciente judicialización de dos presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Los Aburrá, señalada por fleteos en Boyacá, evidencia la persistencia del delito en la región. Según la investigación, la red habría hurtado cerca de 170 millones de pesos en Tunja, Duitama y Sogamoso, utilizando la modalidad de seguimiento a víctimas que retiraban dinero en bancos para atacarlas en vía pública. Los procesados, Pablo Andrés Hincapié Salazar y Laura Lined Estrada González, habrían cumplido roles específicos: ella ingresaba a las entidades bancarias para identificar clientes con grandes retiros y marcarlos, mientras él sería el conductor de la motocicleta usada por los atacantes armados. Ninguno aceptó los cargos por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.
Las autoridades indicaron que la estructura operaba desplazándose desde Antioquia hacia Boyacá para evadir controles y ejecutar hurtos en distintos municipios, lo que refleja un nivel de organización que supera los delitos aislados. Este tipo de redes evidencia capacidad logística para movilizarse y actuar en varios puntos del departamento. Las capturas se realizaron mediante procedimientos de verificación de antecedentes, mostrando la importancia del control policial, aunque también la insuficiencia de medidas preventivas para frenar estas estructuras. Uno de los imputados fue enviado a centro carcelario y la otra recibió detención domiciliaria, decisión que ha generado debate sobre la proporcionalidad de las medidas en casos de criminalidad organizada.
La Fiscalía aportó material probatorio que vincularía a los procesados con al menos tres hurtos en Boyacá. Sin embargo, rige la presunción de inocencia hasta que un juicio determine responsabilidades. El fleteo sigue afectando a comerciantes y ciudadanos que retiran dinero en efectivo. Las autoridades recomiendan acompañamiento bancario, uso de transferencias electrónicas y precaución tras realizar retiros. La lucha contra estas redes requiere coordinación institucional, inteligencia policial y políticas de prevención que reduzcan oportunidades para el delito.
La judicialización representa un avance, pero también un recordatorio de que la criminalidad organizada se adapta. Boyacá enfrenta retos en seguridad que exigen respuestas integrales: fortalecer la denuncia, mejorar controles y promover estrategias que disminuyan la incidencia de estos hechos para recuperar la confianza ciudadana.
