La Fiscalía General de la Nación ha solicitado de manera formal y respetuosa a la Corte Suprema de Justicia que inicie una investigación exhaustiva sobre la presunta participación de nueve congresistas en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se trataría de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla, Karen Astrith Manrique Olarte, Julio Elías Chagüi Flórez, Julián Peinado Ramírez, Iván Leonidas Name Vásquez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas y Juan Diego Muñoz Cabrera.
Aparentemente, todo el problema comenzó cuando se reveló la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso las reformas sociales del presidente colombiano, Gustavo Petro.
Por dicho motivo, la Fiscalía pidió el 11 de julio a la Corte Suprema de Justicia que «indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados», teniendo en cuenta «las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados».
Según información preliminar en el mes de mayo el actual presidente Petro solicitó a la Fiscalía «investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad».
