Las autoridades judiciales están tras la pista de un supuesto caso de corrupción que involucra al exrepresentante a la Cámara y exsecretario de Educación del Meta, Juan Diego Muñoz Cabrera. El caso, que gira en torno a presuntas irregularidades en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), podría tener graves consecuencias legales para Muñoz, quien renunció a su curul en el Congreso en febrero pasado en medio del escándalo.
El centro de la investigación es el contrato número 0503 de 2016, suscrito durante la administración de Muñoz como secretario de Educación del Meta. Este contrato, por un valor total de $8.898 millones, tenía como objetivo garantizar la alimentación de 66.000 estudiantes en el departamento.
Irregularidades
La Fiscalía revelo que el contrato en cuestión presenta un detrimento patrimonial de $2.500 millones, una cifra que ha puesto en alerta a las autoridades y ha generado indignación entre la ciudadanía. Según la auditoría realizada, el contrato registró un sobrecosto del 15 % en relación con el valor real de los servicios contratados.
Además de los sobrecostos, las investigaciones han sacado a la luz un elemento aún más preocupante: la falsificación de facturas. Se ha descubierto que varios de los documentos presentados para justificar los gastos del contrato eran falsos. Estas facturas fraudulentas habrían sido utilizadas para simular la ejecución de actividades inexistentes, lo que permitió desviar aproximadamente el 28 % del valor total del contrato.
Indagatoria
El 6 de febrero, Juan Diego Muñoz compareció ante el magistrado César Reyes Medina para rendir indagatoria. Nueve días después, Muñoz tomó la decisión de renunciar a su curul en el Congreso, alegando problemas de salud. Sin embargo, su renuncia ha sido vista por muchos como una maniobra para eludir una posible medida de aseguramiento.
Consecuencias Legales
Con las pruebas acumuladas en su contra y las irregularidades descubiertas en el contrato del PAE, Juan Diego Muñoz Cabrera podría enfrentar serias consecuencias penales. Las autoridades han sido claras en que no habrá impunidad para quienes desfalcaron recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los estudiantes más vulnerables del Meta. Si se comprueban las acusaciones, Muñoz podría enfrentar cargos por corrupción, falsedad en documento público y peculado, delitos que, de ser hallado culpable, podrían acarrear penas severas, incluyendo una larga condena en prisión.
